La Junta defiende dos ayudas por 126 millones en el ERE de Delphi

La Junta ha defendido dos ayudas públicas por 126 millones aprobadas en 2011 para refinanciar las pólizas de los extrabajadores de Delphi, tras una denuncia del PP, que por la mañana había acusado al Ejecutivo de aprobarlas con un informe contrario de la Intervención. “Es absolutamente falso”, han manifestado fuentes del Gobierno andaluz sobre las acusaciones del Partido Popular.

En noviembre de 2011 el consejero de Empleo era Manuel Recio y ya había saltado el caso de los ERE hacía un año, por lo que la mayoría de decisiones espinosas contaban con el visto bueno de la Intervención General. Y esta no fue una excepción.

Por la mañana la vicesecretaria de Territorio, Medio Ambiente y Asuntos Europeos del PP andaluz, Alicia Martínez, denunció que una de las ayudas (por 65 millones) se concedió a pesar de carecer de informe de fiscalización de la Intervención General de la Junta, y la segunda ayuda de (61 millones) se otorgó con un informe de la Intervención contrario a la tramitación del ERE de Delphi. Ambos acuerdos, fechados el 12 de julio de 2011 y el 7 de diciembre de 2011, están firmados por el expresidente de la Junta, José Antonio Griñán, y Recio, pero no se publicaron en el BOJA a pesar de su cuantía, censuró Martínez. Los acuerdos se produjeron “cuando ya había estallado el caso de los ERE y el mayor conflicto laboral de Andalucía amenazaba con estallar justo antes de las últimas elecciones autonómicas, que ganó el PP y en las que el PSOE tuvo un castigo importante”, resaltó Martínez.

La dirigente popular criticó que el Gobierno andaluz obviara el informe disconforme de la Intervención, pero Martínez no mencionó que tras ese informe de disconformidad, Empleo recurrió y finalmente el 29 de noviembre de 2011 la interventora general Rocío Marcos emitió un informe de conformidad en el que aceptaba las alegaciones de Empleo. La interventora se refiere al protocolo de colaboración firmado en 2007 y menciona que el expediente debe considerarse como una “medida de carácter sociolaboral consistente en un seguro de rentas temporales”.

El alto coste del expediente de Delphi ha sido un tradicional caballo de batalla en el enfrentamiento político entre el PP y la Junta sobre los ERE. El Gobierno mantiene una deuda de unos 300 millones con las aseguradoras por la financiación de los ERE. El grueso de la deuda la mantiene el Ejecutivo con la aseguradora Generali (antigua Vitalicio), en torno a los 100 millones; y a continuación está La Caixa, que mantiene un crédito con la Junta de 90 millones. Una de las pólizas de Delphi en cuestión afecta a 335 trabajadores

Tras la denuncia del PP, fuentes de la Consejería de Economía subrayaron ayer que ambas ayudas cumplían con todos los requisitos legales y contaban con los informes favorables de la Intervención General.