El torques hiberna en un banco

Con sus casi dos kilos de oro de 23 kilates, el Torques de Burela dormita a la sombra de una caja de seguridad, en un banco de Madrid. Espera en compañía del Carneiro Alado, el Colar do Monte dos Mouros o la pareja de torques da Recadieira, los otros dos del Castro de Viladonga, el de Viveiro, el de Melide y el resto del magnífico tesoro, hasta un total de 40 piezas de orfebrería, en su gran mayoría castreña y gallega, que marcharon hace una semana en furgoneta, después de cuatro décadas, del Museo Provincial de Lugo. Ningún destino más triste que este exilio en una cárcel de acero podrían haber imaginado los testigos de hasta 23 siglos de historia que se libraron durante el franquismo de un final todavía peor, la fundición, en el que pudieron caer algunos de sus semejantes hallados entonces.

Carlos López, nieto de Álvaro Gil, el lucense que en plena dictadura fue comprando las piezas e incluso pagó de su bolsillo, para el museo, las vitrinas blindadas donde se exponían, asegura que sus nueve hermanos y su madre, los herederos del rico benefactor cultural, quieren que la colección regrese a Galicia. De momento, desde que se rompieron las negociaciones para su adquisición por parte del museo de la Diputación de Lugo, el portavoz de la familia reconoce que ha recibido centenares de llamadas, pero ninguna de alguien interesado en lanzar una oferta por las preciadas piezas. Sin embargo, sus preferencias están claras: “No vamos a vender la colección a ningún particular”, anuncia López Gil, “queremos que esté en manos de la Administración”. “El plan es que todos los objetos, siempre juntos, porque no aceptamos su división”, sigue, “vuelvan a un museo y se expongan”. “Y no siendo el de Lugo, que fue la voluntad de mi abuelo, nos gustaría la Cidade da Cultura. Con quien más a gusto me sentiría [para confiar el tesoro familiar] sería con la Xunta”, concluye.

Hace dos años, con Jesús Vázquez ya al frente de la Consellería de Cultura, los Gil ofrecieron en una reunión parte de la extensa colección familiar, que incluye también muchos cuadros, para el Gaiás. El tema de los torques y el carnero de oro “se sacó” en aquella cita, pero “como algo que estaba en el aire”, inmerso en un largo proceso judicial, de casi 14 años, contra la Diputación. En aquel momento, la Xunta “no dio ninguna respuesta concreta sobre su interés”, recuerda Carlos López. “La conclusión que sacamos fue la de que para el Gaiás solo querían exposiciones temporales, y eso no es lo que buscamos”. No obstante, justo un día antes de que el vehículo de una empresa de mudanzas de arte, un notario y un experto en patrimonio se presentasen en el Museo Provincial para embalar y cargar la colección, el Gobierno de Feijóo anunció el inicio del expediente para declarar Bien de Interés Cultural la orfebrería de la familia Gil. Al portavoz de los herederos no le parece posible que se trate de un hecho casual, y opina que hace décadas que estas joyas familiares deberían haber estado protegidas. Mientras no se resuelve el expediente, los Gil deben actuar como si sus bienes ya fueran BIC, comunicar a Cultura cualquier movimiento que hagan y no sacarlos de España.

El resto del patrimonio que la familia retiró del museo se encuentra repartida ya por los domicilios de los nietos de Álvaro Gil. En total son seis cuadros de Corredoira que se exhibían en la sala 17, la que el museo de Lugo dedica a este pintor; más el óleo Retrato de caballero de Dionisio Fierros (que estaba almacenado y según la familia se lo han devuelto “hecho polvo”), y 12 pinturas de autores catalanes que tampoco se exponían y ya no interesaban a la Diputación. Los nietos de Gil nunca los habían llegado a ver, y se los pidieron a Cacharro por carta en 1999. Cuentan que el barón popular nunca contestó, que sintieron que les estaban robando y que ahí empezó la guerra judicial. Todos estos bienes, año tras año desde 1955, lo fue cediendo en depósito Álvaro Gil al museo de su ciudad. La última entrega, el año de su muerte, cumplidos los 75, ya la hicieron los herederos de este ingeniero, empresario, republicano y editor galleguista. Era el Brazalete de Toén, que completó la colección de orfebrería de la llamada Sala do Tesouro del museo.

Gil fue haciéndose con la colección desde su juventud e invirtió en ella fuertes sumas de dinero. Cuando al nieto se le pregunta cómo es posible que un particular pudiese adquirir objetos procedentes de excavaciones que hoy serían patrimonio público, responde que hay que encuadrar los hechos en la España hambrienta de la postguerra. “¿No parece raro que toda la orfebrería castreña estuviese en manos de mi abuelo? Yo supongo que mucho de lo que apareció aquellos años se perdió porque se fundió, y el resto se salvó porque a las personas que se toparon los torques alguien les informó de que había un señor de Lugo que los compraba. Álvaro Gil ya era conocido por eso”.

Según el nieto, en una sola compra se hizo con la colección completa del arqueólogo tudense Blanco Cicerón, y eso ya supuso “el 70% de todas las piezas que llegó a juntar en la vida”. “Ya entonces pagó por ella ocho millones de pesetas, cuatro veces más de lo que le costó el piso de 500 metros que compró en Madrid”. El Torques de Burela iba en este lote. Se lo había encontrado un labrador en Chao do Castro en 1945. Todas estas maravillas, según relata López Gil, apenas llegaron a estar en manos de la familia: “Mi abuelo las compró para que pudiera verlas la gente en el museo de Lugo”, defiende. Solo el diminuto pero deslumbrante Carneiro Alado adornaba, custodiado en una vitrina de cristal, el salón de la casa madrileña de Álvaro Gil. “Lo recuerdo ahí siempre de niño”, cuenta. Álvaro Gil creía que había aparecido en Ribadeo durante unas obras de dragado pero, más tarde, sucesivos estudios situaron su origen en Persia.

La Diputación de Lugo estaba dispuesta a pagar por esta colección que se había convertido en el emblema de su museo, con el Torques de Burela como icono, 2.364.000 euros. Ese era el valor resultante de la tasación que la misma institución encargó a Eduardo Ramil, director del Museo de Vilalba, y que la familia llegó a aceptar, pese a que contaba con una valoración previa que contemplaba un precio máximo de cuatro millones. Pese a la ruptura final, el Gobierno provincial no se va a librar de abonar una cantidad astronómica por las costas. Un secretario judicial tendrá que fijar ahora la cifra, pero la familia asegura que en el pleito inacabable ha gastado 600.000 euros, que ha tenido que afrontar “con el patrimonio personal y pidiendo créditos”.