El juez concluye que Matas y Solà se “enriquecieron” a costa de la ACM

Josep Maria Matas y Xavier Solà, que fueron máximos responsables de la Asociación Catalana de Municipios (ACM) están a un paseo de sentarse en el banquillo de los acusados. El juez ha dado por terminada la investigación y considera que ambos se “enriquecieron” gracias al “saqueo” del ente municipalista, recoge un auto al que ha tenido acceso EL PAÍS. Matas, ex secretario general, y Solà, exjefe de los servicios jurídicos, “abusaron” de sus cargos para apropiarse de un millón de euros mediante trabajos ficticios y facturas falsas e infladas.

El juez ve “indicios racionales suficientes” para que se abra juicio contra Matas y Solà. Matas —que fue secretario general entre 1999 y 2011— ostentaba “en la práctica, el mando ejecutivo” sobre la entidad y se “prevalió” de sus poderes en beneficio propio. El imputado hizo que la ACM contratara determinados servicios —resúmenes de prensa, publicación de manuales— a través de dos empresas “instrumentales” que controlaba él mismo. Esos trabajos los realizaban, en realidad, otros proveedores. Pero Matas “se apoderaba del sobreprecio” facturado a la ACM.

Matas compró Parés i Solé, SL, en 2004, aunque colocó al mando a otra persona “de manera formal y como mero testaferro”. Con el tiempo, la entidad se convirtió en “el cliente principal y casi exclusivo” de esa empresa, que se “apoderó” de casi medio millón entre 2005 y 2009. El mecanismo se sofisticó. “Buscando la impunidad” y para ocultar el “latrocinio”, razona el juez, Matas diseñó un “mecanismo triangular” e interpuso una nueva empresa para cobrar por trabajos inexistentes.

A ese “enriquecimiento ilícito” se unió su mano derecha, Xavier Solà, que en la pasada legislatura fue número dos del Departamento de Cultura. En 2009, Solà adquirió una empresa “con el exclusivo propósito de interponerla” ante la entidad, a la que remitió multitud de facturas falsas.

Todo eso, por separado. Juntos, Matas y Solà —que habían ocupado diversos cargos en Convergència— también desplumaron a la ACM. Los imputados “se apoderaron e incorporaron a su patrimonio personal” gran parte de una subvención concedida por la Generalitat para elaborar unos catálogos de masías. Con el mismo mecanismo (las sociedades interpuestas), cobraron 300.000 euros por tareas que, en realidad, asumieron los Ayuntamientos.

En 2010, Matas aprovechó “la ausencia de controles efectivos”, añade el juez, para aumentarse “de forma exagerada” el sueldo: de 92.000 euros pasó a 198.000. A diferencia de Solà, el exsecretario ha devuelto la mayor parte del dinero para lograr, mediante la reparación del daño, una atenuación de la pena. Con una excepción: el sueldo. Matas argumenta que el aumento había sido pactado antes, que renunció a él y que, en abril de 2010, decidió cobrar lo que había dejado de percibir. En su querella, el fiscal señala que el saqueo permitió a Matas adquirir “un significativo patrimonio inmobiliario” y, a Solà, pagar una segunda vivienda en Cadaqués.

Concluida la investigación, la discusión se centra en dirimir si el dinero expoliado a la ACM es de origen público o privado. El fiscal sostiene lo primero y cree que hubo malversación. La defensa, en cambio, dice que solo cabe hablar de apropiación indebida.