Cuesta firmó a la vez tres contratos con el empresario que fichó a su hermano

En pleno verano, una época poco habitual para este tipo de operaciones, Esteban Cuesta, gerente de la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales (Emarsa) firmó tres contratos con el administrador de la sociedad Proemisa, José Antonio Martínez Duato, un empresario que tenía contratados los servicios de su hermano, José Ramón Cuesta. Los firmó los tres el mismo día, el 26 de agosto de 2008, y por una cuantía conjunta de 2,2 millones de euros. Una cantidad que debía pagar la Generalitat desde la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar). Similares a otro del año anterior, firmado el 8 de enero de 2007 y cuya cuantía era de 586.803 euros, los contratos están calcados hasta en sus mínimos detalles, como ha podido comprobar EL PAÍS, que ha tenido acceso a los cuatro originales. Solo difieren en el “precio estimado” y en los trabajos que eran objeto de su redacción, relacionados con la reforma, mantenimiento o adecuación de la estación depuradora de Pinedo.

Cuesta es uno de los 40 imputados hasta ahora por el juez Vicente Ríos, titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 15 de Valencia, en el caso Emarsa, donde investiga el saqueo millonario de la empresa pública que gestionaba la depuración de aguas en el área de Valencia. Martínez Duato declaró como testigo hace dos semanas ante el juez. Los contratos, tramitados al margen de las reglas de publicidad y concurrencia exigibles al sector público, estaban amparados en un convenio de colaboración firmado el 8 de noviembre de 2002 por el consejero de Medio Ambiente, José Ramón García Antón, y son investigados en relación con una de las dos ramas más importantes del fraude múltiple cometido en la empresa pública: la relacionada con las obras en la estación depuradora. La otra, amparada por un convenio similar de 2004, es la estafa cometida con el tratamiento de fangos. En ambas, Emarsa, con la supuesta complicidad de sus dirigentes, justificó trabajos inexistentes o precios hinchados que acababa pagando, desde la Epsar, la Generalitat.

El convenio de 2002 entre la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), de la que Emarsa era una sociedad instrumental, y la Epsar, fue firmado por Enrique Crespo, entonces recién llegado a la presidencia de Emshi y de Emarsa, y por García Antón, consejero del departamento del que dependía la Epsar y por tanto presidente de la misma. Crespo, que tuvo que dimitir como alcalde de Manises y vicepresidente de la Diputación a causa del escándalo, es uno de los principales imputados del caso. García Antón falleció en agosto de 2009. Pero lo más singular del asunto es que ese convenio nunca fue aprobado por la Emshi, un organismo en el que están representados los municipios del área metropolitana y en el que dispone de práctico control el Ayuntamiento de Valencia. Así al menos lo ha sostenido el secretario de la entidad, José Antonio Martínez Beltrán, quien declaró como testigo y afirmó ante el juez que “la Emshi no ha aprobado los convenios”. Ni ese convenio ni el otro de febrero de 2004, relativo a los tratamientos de fangos, ni las adendas que se hicieron a los mismos, fueron objeto de acuerdo alguno o resolución de la asamblea ni de ningún órgano, según el secretario de la Emshi. “En tal sentido, no existen”, concluyó Martínez Beltrán.

Sin embargo, con fecha de 19 de noviembre de 2002, el documento entró por registro en la Emshi, acompañado de un escrito dirigido a Enrique Crespo y firmado por José Juan Morenilla, gerente de la Epsar y hoy también imputado por haberse repartido con el primero comisiones en el saqueo. “Adjunto se remite”, decía Morenilla, “un ejemplar del convenio entre la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos y la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana para la ejecución de infraestructuras de mejora de la EDAR [estación depuradora de aguas residuales] de Pinedo, una vez rubricado por nuestro presidente, para que obre en su poder”.

Ningún órgano de la Emshi aprobó el convenio, según el secretario

Una vez recibido en la Emshi, el documento fue reenviado unos días después por fax a Miguel Ángel García Besó, gerente entonces de Emarsa. Faltaba un año y medio para que Esteban Cuesta ocupara ese puesto, lo que apunta claramente a que las irregularidades comenzaron antes de que llegara al cargo.

El convenio en cuestión preveía la “ejecución de obras de mejora, suministros e instalaciones de adecuación” relacionadas en un anexo adjunto, pero también “aquellas otras que puedan surgir durante la vigencia y ejecución del mismo”. Dado que el coste económico excedía “ampliamente” el presupuesto anual (de 1,5 millones de euros), se estableció que dichas actuaciones se ejecutarían “en varios años, distribuyéndose en función del presupuesto previsto, pasando a la anualidad siguiente las no ejecutadas según el orden de prioridades y necesidades finalmente adoptadas en comisión de seguimiento”.

Del seguimiento, si es que llegó a producirse, y tal como ocurrió con los lodos, se excluyó la participación de los técnicos que preveía el propio convenio. Fue un asunto que llevaron entre Crespo y Cuesta de un lado y Morenilla e Ignacio Bernácer, jefe de explotación de la Epsar y también imputado por haber participado supuestamente en el reparto de comisiones, de otro. Lo que sí propició esa especie de paraguas con vocación de prolongarse en el tiempo fue la firma sucesiva de contratos con Emarsa que sirvieron para desfalcar importantes cantidades de dinero. La empresa de Martínez Duato llegó a Emarsa en tiempos de Crespo como presidente y de Cuesta como gerente, pero Proemisa había trabajado para la Epsar desde finales de los años noventa. Quienes la conocían, pues, eran Morenilla y Bernácer. Por los datos que obran en el sumario del caso, se sabe que Proemisa ejecutó unas 25 obras para Emarsa con un coste de unos ocho millones de euros.

Los cuatro contratos a los que ha tenido acceso EL PAÍS revelan que solo en 2007 y 2008, Proemisa cobró al menos 2,8 millones procedentes de la Generalitat.

El fraude en Emarsa se ejecutó con el tratamiento de fangos y las obras

El primero de esos contratos, de 8 de enero de 2007, tenía por objeto la “eliminación del nitrógeno y aumento de la capacidad de depuración de Pinedo I, fase I” y reseñaba que estaba entre “las actuaciones programadas para el año 2006”. Su “precio estimado” detallaba hasta el céntimo: 586.803,21 euros (sin IVA).

Los tres contratos firmados por Cuesta y Martínez Duato el mismo día 26 de agosto de 2008 tenían por objeto la “sustitución del sistema de preparación y bombeo de polielectrolito en las líneas de deshidratación de la EDAR de Pinedo”; la “modificación de instalaciones eléctricas del sistema de deshidratación”, y la “adecuación y mejora del sistema de impulsión de fangos deshidratados”. Sus “precios estimados” (sin IVA) eran 753.817,47 euros, 729.382,24 euros y 726.986,71 euros, respectivamente.

Esas cantidades tan similares, aunque las contrataba Emarsa, corrían a cargo de la Epsar. “La empresa contratista percibirá el importe de las certificaciones una vez que la empresa contratante perciba a su vez el capital habilitado a tal efecto por la Entidad de Saneamiento de Aguas Residuales”, establecían los contratos. En otras palabras, Emarsa contrataba y la Generalitat pagaba.