Dos funcionarias niegan irregularidades en las licencias de Sando en Mercasevilla
Las acusadas comparecen ante Alaya, que les imputa favorecer a la constructora malagueña
Dos funcionarias de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla han declarado como imputadas en el sumario por la venta de los suelos de Mercasevilla y para afirmar que el proceso de licencia que la juez considera ilegal se ha repetido en otras ocasiones. Emilia Barrial Chamizo, subjefa de Licencias en la Gerencia de Urbanismo, e Isabel Evans, jefa de servicio, han elevado a 18 las personas imputadas en esta rama del caso Mercasevilla, en la que la juez Mercedes Alaya investiga lo que ha denominado la “adjudicación fraudulenta” de la venta de los terrenos a la inmobiliaria Sanma (del grupo Sando) a través de un concurso público.
Esta empresa ofertó 105 millones de euros frente a los 158 de su competidora Noga tras hacer valer sus derechos previos sobre una parte del solar.
La juez acusa a Barrial de no haber pasado “intencionadamente” el expediente de la licencia de ocupación para Sanma al Servicio de Obras, Proyectos y Actuaciones Infraestructurales para que determinase que las obras de urbanización estaban concluidas. La funcionaria ha explicado que la recepción de las obras “no es obstáculo para que se pueda conceder licencia de edificación” y además en este mismo expediente de Sanma, en 2004 le contestaron que las obras estaban “prácticamente concluidas”.
En cuanto a Isabel Evans, la juez le ha imputado que con su actuación Sanma obtuvo licencia pese a que “las 14 naves industriales y el edificio de oficinas carecían de la infraestructura eléctrica necesaria imprescindible para ser utilizados”. La funcionaria ha explicado que ha habido casos recientes en que se ha concedido la licencia de ocupación pendiente de la terminación de las obras de urbanización.
Mientras, dos sindicalistas de CC OO y cuatro empresarios comparecen mañana ante Alaya por el caso de los ERE. Enrique Jiménez y Juan Antonio Caravaca de la federación de Industria de Comisiones Obreras y los empresarios Jorge Andrés y Luis Morell, Antonio Manuel Bustamante y Manuel Rafael Castilla comparecen como imputados.
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