Puig concede solo el 9% de las rentas de inserción solicitadas en Barcelona

De las 442 solicitudes de renta mínima de inserción (RMI) recibidas en la ciudad de Barcelona durante el primer semestre de este año, solo se han concedido 40, el 9%. Así consta en una respuesta parlamentaria del consejero de Empresa y Empleo, Felip Puig, a una pregunta del PP publicada este martes. Del resto de solicitudes, fuentes del Departamento concretan que 71 se han denegado por no cumplir los requisitos, mientras que el resto, 331, todavía están pendientes de resolver.

Estas ayudas de 420 euros ya empezaron a caer el año pasado. En la capital catalana, reflejo de lo sucedido en la mayoría de municipios, se dio una de cada cuatro ayudas solicitadas durante 2012. En total, se destinó 17,9 millones a la RMI, un 26,92% menos que el año anterior. Además las prestaciones se concedieron con mucha dilación, que llegó a ser de ocho meses de media durante el primer semestre del año pasado.

En 2012 se destinó 17,9 millones a la RMI, un 26,92% menos que el año anterior

El gobierno catalán prepara una reforma de calado de la RMI, que por el colectivo de población a la que va destinado, se prevé que sea polémica. En este sentido, y previendo nuevos recortes, la federación de Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS) ha enviado una carta al presidente de la Generalitat, Artur Mas, pidiendo que los presupuestos de 2014 tengan una partida abierta para estas ayudas. ECAS se ha reunido este martes con el consejero de Empresa y Empleo, Felip Puig, para tratar sobre esta reforma. Las entidades sociales consideran que Puig mantiene una “postura inmovilista” y ha optado para llamar a la puerta del presidente catalán.

La Generalitat inició en 2011 una primera reforma de la RMI, muy polémica, que provocó el cierre de 4.521 expedientes (el 14%) para cerrar el año con 24.765 expedientes activos. El gobierno catalán ha admitido que buscaban reducir el coste que suponía el programa y evitar su “colapso”. Con esta revisión, la Generalitat se ahorró casi 43 millones el año pasado, pasando de los 172,8 millones que se destinó en 2011 (y que podían haber sido superiores si no se hubiera revisado en verano) hasta los 130 millones en 2012, un 25% menos.