Andalucía quitará por tercer año los complementos a los funcionarios

El presidente del Consejo Consultivo, Juan Cano Bueso, aseguró ayer en un comunicado que la filtración sobre el anteproyecto de ley de Presupuestos, al que tenían acceso los miembros de esta institución, “viola gravemente las obligaciones de imparcialidad y deber de reserva que han de observar todos los miembros del consejo” y que “estos comportamientos, cuya autoría no es posible establecer, suponen un hecho insólito en la ya larga historia” del órgano que dirige. Según él, las filtraciones “perturban gravemente el buen orden institucional y causan un perjuicio irreparable a la independencia y neutralidad política que debe observar un órgano como éste en todo momento”.

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, consideró “un suceso gravísimo” que el Consejo Consultivo haya “filtrado información” de los Presupuestos. En su opinión, es situación “sin precedentes” pone en riesgo el control democrático de las instituciones y el control de legalidad y, por tanto, “los mecanismos de los que se dota la propia comunidad”, informa Europa Press.

El Gobierno andaluz aprobó ayer el IV plan andaluz de salud 2013-2020, un documento estratégico que afecta a varios programas de diversas consejerías, sin memoria económica. La consejera de Salud, María José Sánchez Rubio, que apenas lleva un mes en el cargo, aseguró que se trata de llevar “la salud a todas las políticas”. Tras asegurar que para que el plan “no sea papel mojado” ya en el Presupuesto andaluz de 2014 habrá partidas concretas, posteriormente rectificó y aseguró que hay previstos 100 millones de euros para pero para 2013 al que solo le queda dos meses y medio de vigencia. Según la Junta, este plan tiene como “objetivo central reducir la desigualdad y facilitar que las personas vivan más años y con más calidad y autonomía”.

En otra reunión del Consejo de Gobierno de perfil bajo, el Ejecutivo aprobó otra tanda de nombramientos y cambios de estructura. Además, el Ejecutivo acordó solicitar la convocatoria urgente de la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado para apurar la negociación con el Ejecutivo central y los grupos parlamentarios de la ley de Educación apadrinada por el ministro José Ignacio Wert. Andalucía se suma así a la petición ya cursada por la Generalitat de Cataluña y un tercio de los senadores. En este ámbito quiere abordar el modelo de distribución de competencias entre las administraciones central y autonómicas.

La Junta entiende que este proyecto de ley, que se tramita ahora en el Senado, “altera el marco competencial vigente desde hace más de 30 años, al ampliar las atribuciones del Estado y reducir las de las comunidades”. El portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Vázquez, reiteró que la Junta estudia presentar un recurso de inconstitucionalidad contra aquellos artículos de la ley que puedan atentar contra la igualdad de oportunidades en la educación o promuevan su uso mercantilista. Dos días antes de la convocatoria de una huelga general de la educación en toda España, el portavoz señaló tras la reunión del Consejo de Gobierno que la “movilización se entiende viendo cómo es la ley” y subrayó el “acuerdo histórico” alcanzado por todos los partidos de la oposición en el Congreso para derogar la ley Wert cuando el PP deje el poder.

En el mismo Consejo, la consejera de Hacienda y Administración Pública, presentó un informe sobre el proyecto de ley de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias que se encuentra en tramitación en el Congreso. Según el Gobierno andaluz, este proyecto “pone en riesgo la obra social” de las antiguas cajas, convertidas en fundaciones bancarias, y no aclara las competencias de las comunidades autónomas en la obra social. Fuentes de la Consejería de Hacienda indicaron que la Junta no contempla recurrir al Tribunal Constitucional esta ley.