La acusación pide cárcel para el delegado de la Xunta en Ourense

Ya hay acusación formal contra el delegado de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez. La Asociación para o progreso do Ribeiro (en la que está integrada el PSdeG) registró ayer el primero de los escritos de acusación (le seguirá en los próximos días la del BNG) que, tras casi ocho años de instrucción, marcará el inicio del juicio oral contra Martínez por el desvío de fondos comunitarios durante su etapa como alcalde de Arnoia y presidente de la agrupación local Ceivam que gestionaba las ayudas.

La asociación acusa al representante institucional de Feijóo en Ourense de los delitos de prevaricación continuada por dictar resoluciones de pagos de subvenciones para promotores de proyectos “que no cumplían con los requisitos”; de falsedad documental por certificar obras que “no fueron realizadas” y de malversación de fondos públicos y de fraude en subvenciones públicas. Pide para Martínez 10 años de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos y penas de cárcel, inferiores en todos los casos a 10 años. El abogado de la asociación, José Arcos, hace constar la doctrina jurisprudencial que considera suficiente que una de las partes presente acusación, al margen de lo que pida el fiscal —que en este caso reclama el sobreseimiento por considerar que los delitos han prescrito— para que se convoque el juicio oral.

Fianza de 186.000 euros

Martínez es acusado junto con otras diez personas: miembros de la directiva de la agrupación local Ceivam que él presidía; integrantes de la sociedad Actuar, SL, de la que, por su condición de alcalde, era socio mayoritario y que pidió subvención para construir una planta de biomasa que ya estaba hecha y, junto a ellos, un primo suyo constructor.

Los delitos de los que se le acusa tienen que ver con la concesión de subvenciones, desde la agrupación local, a dos proyectos distintos. De un lado, a la planta de biomasa —certificada entonces en 13 millones de pesetas— y, de otro, a iniciativas artesanales de orfebrería. En la investigación se descubrió que pese a que los artesanos no realizaron inversión, Martínez les concedió la ayuda. La acusación pide el depósito solidario (a repartir entre los 11 acusados) de una fianza de 186.000 euros, “el doble de lo defraudado” de los fondos europeos.