El juicio a Fabra llega al clímax con la irrupción de los inspectores de Hacienda

El juicio al expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, entra esta semana en su etapa crucial. Los inspectores de Hacienda que investigaron sus múltiples cuentas y hallaron ingresos no declarados de 1,9 millones, por los que se le acusa de defraudar casi 700.000 euros entre 1999 y 2004, llegan mañana a la Audiencia. Su intervención es clave en el juicio en el que el dirigente del PP se enfrenta a penas de 13 años de prisión (ocho por las cuatro acusaciones de delito fiscal, cuatro por cohecho y un año por tráfico de influencias). La Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado y la acusación popular de la Unión de Consumidores (UCE) han llamado a declarar como peritos a los dos inspectores de finanzas designados en su día por el juez de instrucción para desmenuzar los ingresos de Fabra y su exmujer, a quien se le imputan otros 1,5 millones de euros sin declarar y un fraude de otros 400.000 euros. “Las cuentas de mi mujer las movía yo, ella del tema de cuentas no se enteraba de nada”, dijo Fabra en su declaración para exculpar a María Amparo Fernández de los tres delitos fiscales de los que se le acusa y asumiendo así toda responsabilidad del total del dinero presuntamente defraudado.

Hasta ahora, Fabra no ha aclarado el origen de estos ingresos. Ni siquiera en su declaración ante el tribunal de la Audiencia porque el fiscal solo le interrogó sobre ello durante diez minutos. “Está en mis declaraciones, proceden de mi retribución como presidente de la Diputación, de mi cartera de seguros [sostiene que tenía ingresos como agente de seguros y por asesorías aunque en el juicio testigos y amigos negaron conocer otra labor más que la de político] y de ventas de enajenaciones de patrimonio”, dijo. El temor a los informes y las declaraciones que los dos peritos puedan desgranar mañana es tal que su abogado, Javier Boix, ha pedido que no sean considerados como peritos porque no son “imparciales” y están “contaminados” al trabajar para la misma Administración que acusa. Y la decisión todavía no está tomada. El magistrado de la Audiencia no resolvió la petición en el acto, lo hará cuando dicte sentencia.

Lo que pretende Fabra, después de intentar en vano que se declararan prescritos todos los presuntos delitos fiscales salvo el de 1999, es desacreditar la investigación de sus cuentas que ha llevado a Anticorrupción a pedir la pena más cuantiosa. Y para ello llevó en la última sesión a un exinspector de la Agencia Tributaria regional de Valencia que realizó otra investigación paralela en la que solo se elevó al fiscal sus cuentas de ese año y no de los posteriores, que también fueron analizados. La declaración se volvió en contra cuando admitió la “mínima” colaboración de Fabra para aportar datos y cuando aseguró que no se halló “una explicación razonable” de los múltiples ingresos en efectivo. La defensa contrarrestará los informes de los inspectores con otros dos peritos.

Más de cincuenta testigos han pasado ya por la Audiencia. Entre ellos, altos cargos de la Administración y políticos que han evitado hablar de presiones de Fabra para favorecer a quien fuera su amigo, incluso quienes así lo manifestaron en instrucción y lo plasmaron en documentos. Algunos, como un ex subdirector general de Agricultura, sí han ratificado su “interés” (solo tras la lectura de declaraciones anteriores) y otros no han sabido señalar o han negado reuniones similares en la Administración, con la presencia de Fabra, donde se abordaran asuntos de otro empresario. La acusación de cohecho es difícil de acreditar con las declaraciones realizadas hasta ahora. Dependerá de cómo el tribunal, el mismo que trató de retirar este delito, estime la prueba documental.