López Guerra: “España debe acatar la resolución sobre la doctrina Parot”

El juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), Luis López Guerra, declaró en Valencia que España “debe acatar las resoluciones del Tribunal de Estrasburgo” en base al “principio de buena fe” que rige por haber firmado un convenio internacional. López Guerra, que no quiso manifestarse expresamente sobre la resolución que este tribunal dictará el próximo lunes sobre la doctrina Parot, adelantó durante una conferencia en Valencia que España ha firmado un convenio internacional “por el que se somete a la jurisdicción del Tribunal de Estrasburgo y debe cumplirlo”. El magistrado español forma parte de la Tercera Sección del Alto Tribunal Europeo, que en julio dictó por unanimidad el fallo contra España dando la razón a la etarra Inés del Río Prada, y que el lunes hará pública su sentencia definitiva.

Luis López Guerra participó ayer en la inauguración del Máster de Estudios Internacionales y de la Unión Europea, en la Universitat de València, donde impartió una conferencia bajo el título "Protección internacional de derechos humanos y diálogo entre tribunales". Preguntado por la sentencia sobre la doctrina Parot y la posibilidad de que el Ejecutivo español se negara a aplicarla en caso de ser contraria a la posición del Gobierno, el magistrado del Alto Tribunal Europeo fue muy elegante al afirmar que, “hasta ahora ningún país, de los 47 adheridos al TEDH, ha desobecido sus resoluciones”. Y añadió que “pueden tardar más o menos en ejecutarlas, eso depende de su normativa interna y de su sistema procesal, pero siempre han ejecutado nuestras sentencias”.

En el mismo sentido, López Guerra manifestó que no hay ningún cauce de sanción en el caso de que un país se negara a acatar una sentencia, “ya que nunca se ha dado el caso”. El magistrado español explicó que el “principio de la buena fe” está en la base del convenio internacional firmado entre el TEDH y los 47 países que se han avenido a acatar sus resoluciones. “En casi todos los países europeos existe una normativa que establece las consecuencias procesales de la aplicación de una sentencia del Tribunal de Derechos Humanos y, a veces, ésta debe ser aplicada por el Poder Ejecutivo”.

Durante la conferencia, no obstante, López Guerra fue contundente al afirmar que “los Estados se han obligado a cumplir y a acatar las sentencias de Estrasburgo a través del Consejo de Ministros”, ya que se trata de un convenio internacional. “El Estado es responsable de ello y, hasta ahora, no ha habido problemas porque hay una vinculación del Estado”, insistió el magistrado español.