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La fiscalía censura a la juez Alaya por lanzarle reproches “gratuitos”

UGT y CC OO, responsables subsidiarios en las fianzas civiles a dos sindicalistas

La fiscal jefe sevillana, María José Segarra. Ampliar foto
La fiscal jefe sevillana, María José Segarra.

“Expresiones gratuitas” y “reproches que no conducen a nada”. La Fiscalía de Sevilla respondió ayer a la juez Mercedes Alaya un día después de  su severa crítica de esta a los fiscales por provocar un “error y un esfuerzo inútil” en el caso Mercasevilla. La fiscalía hizo este reproche al tiempo que Alaya imponía sendas fianzas civiles de 251.000 al secretario general de UGT en Cádiz, Salvador Mera, y de 471.352 euros al exsecretario de Desarrollo industrial de CC OO Andalucía, Roberto Carmona, en un auto en el que hace responsables subsidiarias a los dos centrales en caso de que ni Mira ni Carmona puedan aportar ese dinero.
El tono elegido por la fiscalía fue menor que las invectivas previas de Alaya, pero evidenciaba la mala sintonía entre fiscalía y juez. Y expresaba de forma clara el asombro ante las recriminaciones que lanzó Alaya contra la Fiscalía Anticorrupción, a la que culpó de la imputación de seis constructores, entre ellos dos hermanos de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, pese a que los delitos habían prescrito.
Los seis constructores declararon como imputados por el supuesto amaño en el concurso de suelos en la empresa pública. La juez, en un auto tan breve como duro, achacó a los dos fiscales del caso el “esfuerzo inútil”, el “error” y el “incidente” provocado por el error de cálculo sobre la prescripción. Ayer, la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, respondió a la magistrada, tan conocida por su capacidad de trabajo como por su controvertido carácter.
“Manifiesto mi sorpresa de que en un auto judicial se viertan expresiones gratuitas sobre el fiscal, absolutamente ajenas al debate procesal y a la argumentación jurídica que debe presidir una resolución judicial”, censuró Segarra en un comunicado. Tales expresiones de Alaya, desconcertantes para la fiscalía, descalificaban en parte el trabajo de los dos fiscales adscritos asimismo a la instrucción del caso ERE.
La juez atribuyó a la Fiscalía Anticorrupción el error de cálculo por pedir la imputación de los seis constructores y meses después percatarse de la prescripción de los delitos. El breve auto de Alaya respiraba una tensión hacia los fiscales que viene de lejos pero que en las últimas semanas ha aumentado y ahora se encuentra en su punto máximo.
Hace dos semanas la fiscalía recriminó a Alaya la “extraña” dilación en su instrucción y que le ocultaba información. Mientras, el tono de los recursos de los abogados se mantiene al alza.
La fiscal jefe sevillana intentó ayer atemperar los ánimos y precisó que no busca continuar esta escalada de reproches, que solo perjudican a la investigación. “No considero oportuno perderse en consideraciones o incluso reproches que no conducen a nada, pues lo importante es que la investigación llegue a un buen fin con la contundencia que el reproche social a las conductas fraudulentas merecen”, manifestó Segarra.
Mientras, la declaración de responsables civiles subsidiarios de los sindicatos por parte de Alaya es una decisión procesal consecuente, dado que los sindicalistas exigieron un dinero para sus organizaciones y respaldados por estas. Pero incluye una paradoja: UGT está presente como acusación en la causa y como tal debe señalar a los responsables penales y civiles de los delitos. Ahora la juez ha determinado que el propio sindicato (al igual que CC OO) deberá pagar la fianza civil si su sindicalista es condenado y no puede hacer frente a la multa impuesta. Es decir, se convierte en el responsable civil de un delito. “Esa dualidad procesal es deontológicamente imposible”, alertan fuentes del caso.
De este modo, tras la declaración de responsable civil subsidiario, UGT corre el riesgo de ser expulsado del procedimiento, una decisión que solo Alaya puede tomar. En paralelo, este verano el PP ha pedido la expulsión de la Junta de Andalucía como acusación en la causa tras el recurso presentado por la imputación de 20 altos cargos del Ejecutivo autónomo. De momento, la juez no se ha pronunciado al respecto.