La inseguridad jurídica frustra los nuevos incentivos al sector naval

La situación del sector naval de Galicia se ha despejado notablemente, pero dista de estar resuelta. La rebaja a unos 126 millones de euros de la devolución de las ayudas fiscales ingresadas entre 2007 y 2011, el denominado tax lease, ha aliviado la tensión desatada cuando la amenaza de la multa superaba los 2.000 millones. Pero el expediente aún está activo, lo que significa inseguridad jurídica. Y mientras esta persista no habrá nuevos barcos. Un dato lo demuestra: nueve meses y medio después de su entrada en vigor, el nuevo modelo de bonificaciones, el tax lease 2, aún no ha generado ni un solo contrato firme.

El gran reto es restituir la confianza, resume un sindicalista del sector naval. “La pelota ahora está en el tejado del Gobierno español”, puntualiza Álvaro Platero, presidente de la asociación de Pequeños y Medianos Astilleros (Pymar). Frente a la confusión generada en el sector por algunas declaraciones de dirigentes públicos, entre ellos el conselleiro de Economía, Francisco Conde, en las que se daba a entender que el desbloqueo depende de Bruselas, la situación es muy distinta: el Ejecutivo español tiene de plazo hasta el 18 de noviembre para notificar a la Comisión Europea la ejecución de las devoluciones del tax lease. Y casi con total seguridad, hasta entonces no se firmará ningún contrato en el naval gallego.

El eurodiputado socialista Antolín Sánchez Presedo corrobora que las dudas las debe despejar el Ejecutivo de Rajoy. “La situación es tan delicada que requiere la máxima agilidad del Gobierno”, alerta. En todo caso, como muy tarde el 18 de noviembre Bruselas debe contar con todos los expedientes de devolución de ayudas concedidas a inversiones en el sector naval al amparo del antiguo tax lease en aquellos fatídicos cuatro años. Será entonces cuando se sepa exactamente la cuantía de la multa, que el Gobierno ha calculado inicialmente en 126 millones de euros.

Esa cantidad responde a un primera avance facilitado por el Ministerio de Hacienda. “Puede ser más o puede ser menos. Ahora hay que ir caso por caso, y ahí es donde Bruselas sí va a poner la lupa y a estudiar los casos muy detenidamente”, reconoce un portavoz de Pymar. Pero la confusión reina en el sector debido a declaraciones como las realizadas este martes por el presidente del astillero vigués Hijos de J. Barreras, José García Costas, quien aseguró que los astilleros siguen pendientes de que Bruselas “dé su conformidad” a la documentación remitida por el Gobierno español. Esa documentación es inexistente, ya que el Ejecutivo de Rajoy aún no ha remitido los expedientes a la Comisión, ni se espera que lo haga sin agotar el plazo.

Aunque el levantamiento de la pesada carga de los 2.000 millones en que inicialmente se calcularon las devoluciones haya sacado al sector de la UCI, el enfermo sigue muy grave. “Como no empecemos ya a conseguir barcos van a ir cayendo astilleros”, alertaba la semana pasada el presidente de Pymar. La misma preocupación expresaban recientemente en una rueda de prensa conjunta los tres principales sindicatos del sector, que alertaron de la falta de pedidos ante la “incertidumbre” que preside el naval. Como el conselleiro de Economía o como García Costas, UGT, Comisiones Obreras y CIG urgían a Bruselas a pasar la página del tax lease.

Lo que parece claro para sindicatos, patronal y Administración es que, en tanto no se resuelva definitivamente el tax lease 1, no funcionará el tax lease 2. “¿Quién va a querer invertir su dinero en la fabricación de barcos cuando no hay más que estimaciones aproximadas y contradicciones sobre los incentivos fiscales anteriores?”, reflexiona un portavoz de Pymar. La situación no está del todo paralizada, afirman fuentes de los astilleros, que aseguran que se contacta con los inversores y se avanza en las negociaciones “mientras se genera confianza”. Pero el nuevo tax lease de momento “no funciona”.

La incertidumbre jurídica no es la única losa que lastra el funcionamiento del nuevo tax lease. “El Gobierno no lo está difundiendo como se necesita o como han hecho otros países con bonificaciones similares”, apunta Antolín Sánchez Presedo. Esa podría ser una causa. Otra, el escaso compromiso de los bancos, que son los encargados de articular las inversiones. “En el fondo es un producto bancario más”, opina un experto del sector. Y con el grifo del crédito cerrado para todos los sectores, el naval no podía ser una excepción. Todo ello, a pesar de la enorme similitud entre el actual sistema y el que ha acabado con las devoluciones del período 2007-2011. “No nos engañemos, este tax lease es prácticamente idéntico al anterior”, afirma una fuente de los astilleros.

El presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia (Asime), Enrique Mallón, cree que el futuro se verá con mucha más claridad a partir del 18 de noviembre. “En cuanto el Gobierno concluya los expedientes, la confianza debería ir regresando poco a poco”, vaticina, aunque resalta la incongruencia de que un sistema de incentivos “validado y bendecido por todos”, el tax lease 2, no acabe de funcionar. Y ahí resulta fundamental el papel de las entidades financieras. “De un lado, no hay crédito. Como todos los demás sectores, el naval está comprobando que el saneamiento de los bancos aún no se ha traducido en circulante”, observa Mallón. Y del otro, el sector echa en falta el necesario liderazgo de esos mismos bancos para estructurar las operaciones del nuevo sistema de bonificaciones. O lo que es lo mismo, la búsqueda de inversores. “Es un instrumento muy rentable para un sector con un gran futuro. Siempre que encuentre inversores”.