¿Instrucción de la Audiencia Nacional?

La hipótesis de que un juzgado central asuma la instrucción gana fuerza tras los indicios recabados por la Guardia Civil que apuntan a Valencia y Madrid

Una frase clave encabeza el nuevo atestado del caso ERE: “La relación de las organizaciones sindicales con la mediadora Vitalia sobrepasa el ámbito andaluz”. La importancia de que parte de las diligencias pendientes de la Guardia Civil se sitúen en la Comunidad Valenciana o Madrid puede dar un giro al caso hasta situarlo en la Audiencia Nacional al afectar a más de una comunidad. “UGT podría haber recibido fondos dimanantes, en parte, de la Generalitat Valenciana a través de Vitalia”, es la conclusión de los investigadores tras la documentación remitida por los mossos d'esquadra en la investigación de la aseguradora Fortia en Cataluña. Vitalia gestionó cientos de ERE en la Comunidad Valenciana, admitieron fuentes de la Generalitat, que confirman que siempre lo hicieron de la mano de los sindicatos y especialmente de UGT.

Además, los agentes tomarán declaración de dos miembros de Fiteqa-CC OO Madrid por la supuesta inclusión de la intrusa Josefa Azofra en una póliza de Vitalia.

Mientras, el atestado incluye un listado de supuestos destinatarios de regalos por parte de Vitalia, entre ellos dos altos cargos de la Junta de Castilla y León, a los que los agentes tomarán declaración para aclarar su vinculación con la controvertida consultora.

Desde que la juez Mercedes Alaya ha señalado a cargos aforados del Congreso y la Junta de Andalucía se ha especulado con la elevación de la causa al Tribunal Supremo. Los socialistas andaluces han pedido en reiteradas ocasiones este traslado de la causa al alto tribunal, pero ahora los indicios, en una nueva derivada, apuntan a que el tronco de la investigación podría instruirlo la Audiencia Nacional.

“La causa es indivisible y de confirmarse la implicación de diferentes federaciones de sindicatos a nivel nacional estaríamos ante una supuesta actividad delictiva desarrollada en diferentes zonas del territorio nacional de carácter masivo, por lo que la competencia debería asumirla algún juzgado central de la Audiencia Nacional”, razonan fuentes del caso. De este modo, la investigación giraría en torno a cómo los ERE representaron un negocio para las consultoras y los sindicatos, y no sobre el sistema de ayudas instaurado por la Junta de Andalucía, según dichas fuentes. Hasta ahora la juez Alaya ha repetido que “el sistema” era el negocio sobre el que pivotaban los interesados: empresarios, sindicalistas, intermediadores y abogados. Fuentes de CC OO no ocultan su interés porque Alaya pierda la causa. “Sería más rápido y duraría menos la falacia”, aseguran.