Pocos y mal avenidos

Los concejales de Unión Cordobesa (UCOR) se han vuelto unos habituales de los juzgados de Córdoba. De esta forma, los integrantes de UCOR siguen la estela de su líder, Rafael Gómez Sandokán —recientemente condenado a seis meses de cárcel por cohecho en el caso Malaya— quien atesora una larga lista de procesos, algunos todavía abiertos. Lo curioso en el caso de los cinco concejales de esta formación es que las comparecencias ante los jueces responden a sus luchas internas dentro del partido.

Desde hace algo más de un año Unión Cordobesa, principal grupo de la oposición en el Ayuntamiento de Córdoba (gobernado por el PP), sufre un cisma que ha dejado al descubierto lo que era un secreto a voces: que tras sus siglas hay poco más que un proyecto personal de Sandokán, carente de armazón ideológico y plagado de todo tipo de desavenencias entre sus integrantes.

El último episodio se vivió el pasado jueves, cuando el portavoz municipal de UCOR, Juan Miguel Alburquerque, declaró como imputado por un presunto delito de calumnias contra su compañero de filas y bancada Carlos Baquerín. El titular del Juzgado de Instrucción 6 de la Audiencia Provincial de Córdoba decidió instruir diligencias después de la denuncia que Baquerín interpuso el 15 de febrero por una supuesta agresión que habría sufrido en el interior de las oficinas del grupo, en el Consistorio. También denunció a Juan Miguel Alburquerque por calumnias, ya que en declaraciones a la prensa lo llamó “querellante patológico” y “querulante”.

Las desavenencias internas han dividido al partido en dos grupos. Junto a Sandokán se alinean sus fieles Alburquerque, catedrático en la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba, y Aurora Aguilar. Los otros dos concejales se han vuelto díscolos, más por razones personales que ideológicas o políticas. Simplemente, no se atienen al ordeno y mando de Gómez. Las diferencias entre Gómez y Baquerín (que comparten representación en la Diputación Provincial de Córdoba) fueron patentes desde los primeros meses de la legislatura, pero no se hicieron públicos hasta septiembre del año pasado. Fue entonces cuando el concejal “rebelde” publicó una serie de artículos extremadamente críticos contra el presidente de Unión Cordobesa.

El caso llegó al esperpento cuando Sandokán denunció que Baquerín había pintado una nariz de payaso en un cartel de la formación en el que aparecía la cara de Gómez. En mayo, el Juzgado de Instrucción 8 de Córdoba, condenó al concejal a pagar una sanción de 200 euros al líder de UCOR por una falta leve “de vejación injusta”. Pero el martes pasado, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial atendió el recurso de Baquerín y le absolvió de la condena. Las absoluciones o los archivos judiciales empiezan a ser corrientes dentro de la particular guerra civil que los miembros de UCOR han llevado a los juzgados. En mayo, otra acusación de Baquerín que pesaba contra Sandokán por un presunto delito de hurto, también fue archivada.

Son ejemplos del clima que se vive en el seno del grupo municipal de Unión Cordobesa. Este partido fue la gran sorpresa de las últimas elecciones locales en Córdoba, en mayo de 2011. Entonces, 24.805 cordobeses dieron su respaldo a este artefacto político cuya existencia fue anunciada solo seis meses antes de los comicios en otra de las habituales ruedas de prensa esperpénticas del Rafael Gómez. El ahora político definió entonces a su partido como “una marabunta”. Y sigue calificándolo igual, a pesar de sus rifirrafes cainitas.

En todo caso, estas visitas al juzgado son poca cosa para Gómez, teniendo en cuenta los procesos judiciales abiertos por el Ayuntamiento contra él por delitos urbanísticos. De hecho, el joyero y constructor sigue siendo el mayor deudor de las arcas consistoriales, con cerca de 40 millones de euros en multas (algunas recurridas en los tribunales) que todavía tiene que pagar. La principal sanción, de 24,6 millones de euros, se impuso por la edificación ilegal de cuatro hectáreas de almacenes en las inmediaciones de Medina Azahara. Se trata de la mayor multa impuesta nunca en un Ayuntamiento español por delitos de urbanismo.