Los rectores de Madrid recurren la subida de las tasas universitarias

Siempre fueron poco dados a la denuncia pública hasta que los presupuestos empezaron a encoger hace cinco años. Los rectores de Madrid han dado esta martes una vuelta de tuerca a la protesta. Los seis responsables de los campus públicos de la región (Alcalá, Autónoma, Carlos III, Complutense, Politécnica y Rey Juan Carlos) han presentado, en el Círculo de Bellas Artes y ante los miembros de sus consejos de Gobierno y representantes estudiantiles, unas 200 personas en total, un comunicado conjunto en defensa de la pública, contra los recortes y las subidas de tasas. El texto ha sido leído por Fernando Galván, presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades de Madrid (Cruma) y rector de la Universidad de Alcalá.

Hasta ahí, la actuación es similar a la que iniciaron ya en 2009, cuando organizaron también un acto solemne para denunciar el “ahogo” de sus centros tras dos años de estrecheces. En aquel momento, su presupuesto ascendía a 1.084 millones. En 2013 han gestionado un 20% menos, 863 millones y esperan un nuevo tijeretazo de 55 millones para las cuentas regionales del año que viene. Con las cuentas más mermadas que nunca, y ahogadas por las deudas, han decidido agotar también otras vías, como la judicial. 

Tras dos años seguidos de subida, Madrid se ha convertido en la región más cara de España para estudiar un grado, con un incremento del 68%. El Ministerio de Educación permitió en 2012 a las regiones establecer los precios que quisieran en lugar de fijar una horquilla anual a la que todas se acogían, lo que ha disparado las diferencias entre lo que pagan los universitarios de las distintas comunidades.

La Cruma ha recurrido las tasas universitarias. Han presentado un requerimiento al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid para reclamar “la derogación y anulación” del decreto que fija las tasas universitarias porque son “lesivas para las familias con mayores dificultades económicas y para la propia sostenibilidad financiera de las universidades públicas”, según el comunicado que han leído esta tarde. El requerimiento es el paso previo a la vía judicial que, según explican fuentes universitarias, asumirán  en caso de que la respuesta regional sea negativa y los precios se mantenga.

El requerimiento presentado ante el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, contra el decreto que fija los precios públicos de las universidades para el curso 2013-2014, alude a que la Comunidad ha impuesto a las universidades públicas que fijen los importes, algo que según los rectores corresponde al Gobierno regional. En el requerimiento no hacen referencia a ninguna cuantía ni porcentaje concreto. Cuando el Ministerio de Educación aprobó el cambio de criterios para establecer las tasas, la Comunidad descontó a las universidades 175 millones de euros (que después quedaron en 120) en concepto de subida de tasas. Los rectores señalan que apenas han recuperado la mitad y que ese recorte les obliga a aumentar las tasas la cuota máxima, aunque la Comunidad indique en su decreto que son los rectorados los que pueden fijar la cuantía.

Según un portavoz de la Consejería de Educación, el Gobierno regional agotará el plazo para responder, que finaliza el 17 de octubre. Añade que "previsiblemente", se responderá que el decreto "se ajusta a la normativa vigente" como acreditan informes del Servicio Jurídico  y de la Dirección General de Tributos, añade.

Los rectores reclaman también que los próximos presupuestos regionales recojan una partida para “atender con la suficiencia económica debida” la promesa que aseguran que hicieron el presidente regional y la consejera de Educación, Lucía Figar de que ningún estudiante de las universidades públicas quedaría fuera “por dificultades económicas”. Unos 7.000 alumnos se quedaron el curso pasado a punto de perder la matrícula en Madrid por problemas de pago, según datos de los campus. En España rondaron los 30.000, según las estimaciones realizadas por este periódico. Fuentes de la Consejería de Educación han negado que se vaya a dotar una partida específica, mientras las universidades denuncian que carecen de “recursos propios para afrontar programas de tipo asistencial” para paliar “las duras circunstancias económicas por las que atraviesan las familias de muchos de nuestros estudiantes”, según el texto de la Cruma.

Otra vuelta de tuerca: los rectores reclaman los 21,4 millones que les debe la Comunidad de Madrid en becas del curso pasado, según sus estimaciones. El Ministerio de Educación fijó en 2012, cuando permitió que las comunidades establecieran por libre sus tasas, que el Estado cubriría el precio público mínimo más un 1% y que las regiones compensarían el resto en caso de que sus aumentos fueran superiores.

Según la Cruma, esa diferencia no ha sido asumida por la Comunidad de Madrid “hasta el día de hoy”, por lo que anuncian que también la reclamarán judicialmente. El decreto regional que los rectores quieren derogar también contempla que son las universidades las que deben asumir la diferencia. El reparto de los 21,4 millones, según las cifras facilitadas por el presidente de la Cruma se divide así: a la complutense corresponden ocho millones, otros cuatro a la Politécnica; Autónoma (3,5); Rey Juan Carlos (tres millones); Alcalá (1,8) y Carlos III (un millón).

La Universidad Complutense de Madrid, el campus presencial más grande de España, abrió la vía judicial cuando saltó por los aires el acuerdo de inversiones 2007-2011 que la entonces presidenta regional, Esperanza Aguirre, firmó con los campus. El anterior rector, Carlos Berzosa, inició las denuncias judiciales que después ha continuado su sucesor, José Carrillo. Hasta la fecha, la Complutense ha recuperado 100,8 millones por la vía judicial, que la Consejería de Educación reduce a 97 millones de los que ya ha abonado 38,4, según un portavoz oficial. La cantidad que han reclamado todos los campus supera los 509 millones de euros entre lo que quedó pendiente del plan de inversiones, pagas extraordinarias, complementos, trienios y contratos programa, según recogen en el manifiesto. El mayor montante corresponde a la Complutense (221 millones), seguida de Politécnica (91); Universidad Autónoma (61); Carlos III (50); Alcalá (43,5) y Rey Juan Carlos (43).

Según la Consejería, los tribunales han desestimado 32,8 milloens reclamados por la Complutense y ha condenado a la Universidad de Alcalá de Henares a abonar 14 millones al Gobierno regional por una deuda contraída con el Ivima, el instutito regional de la vivienda.

Por último, reclaman al Gobierno regional un nuevo modelo de financiación que “dote de los recursos y de los mecanismos adecuados a las universidades” con garantías de “rendición de cuentas y transparencia”. Denuncian que no pueden “elaborar proyectos serios de futuro, ni garantizar la calidad de las universidades” sin programar las cuentas a medio y largo plazo.