El juez ratifica el procesamiento de tres alcaldes por el ‘caso Orquesta’

Tendrá que esperar aún unos meses el escrito de acusación de la Fiscalía que determinará quiénes y con qué cargos se sentarán en el banquillo por la denominada Operación Orquesta, una presunta trama de corrupción en la que están implicados 26 políticos, funcionarios y empresarios de la Costa da Morte. Pero el camino hacia la celebración del juicio en la Audiencia Provincial de A Coruña por este entramado que implica hasta nueve cargos públicos, entre ellos los alcaldes de Fisterra y Mazaricos (ambos del PP), el de Corcubión (PSOE), y el exregidor independiente de Cee, hoy en la oposición, ha quedado un poco más despejado al rechazarse los recursos de seis de los imputados. El nuevo titular del Juzgado número 2 de Corcubión, Gonzalo Sans Besada, es preciso y tajante en su auto con fecha del 1 de octubre en el que tacha de “suficientes” los hechos, indicios y documentos, entre ellos numerosas escuchas telefónicas, recabados durante los tres años que duró la investigación judicial de este caso.

No obstante, aún no está agotada la vía de recursos previa a la celebración del juicio oral y será ahora la Audiencia Provincial la que tendrá que pronunciarse sobre las apelaciones que ya tramitan varios de los imputados. La Operación Orquesta, destapada por casualidad a finales de 2009, apunta a una presunta trama de cobro de comisiones a cambio de la concesión de obras públicas y desvío de dinero destinado a la organización de fiestas locales en Cee, Fisterra y Mazaricos. Están hasta el momento imputadas 26 personas consideradas, a la espera del escrito de acusación de la Fiscalía, presuntos autores o en su caso colaboradores necesarios de un delito contra la Administración en su modalidad de tráfico de influencias, prevaricación y cohecho.

Al dar por rechazados los recursos del regidor de Mazaricos, José Manuel Santos Maneiro, y su teniente de alcalde Manuel Rodríguez Caamaño, el juez de Corcubión incide en que el abultado sumario instruido por su antecesor, el magistrado Andrés Lago Louro, “recoge varias conversaciones telefónicas que, analizadas conjuntamente con la documentación incautada, son fundamento más que suficiente para sostener la corrección de la resolución” judicial que ratifica su imputación. Precisa que entre esos documentos considerados pruebas en su contra están expedientes municipales, movimientos de las cuentas bancarias de los Ogando —los constructores de Muxía, padre e hijo, considerados principales artífices del entramado—, así como el listado de empresas que costearon las fiestas de A Fervenza en Mazaricos.

El alcalde de Corcubión, el socialista Francisco Javier Lema Fuentes, fue uno de los últimos imputados en este caso y recurrió por considerar “poco sólidos” los indicios que pesan contra él. Será el fiscal el que deberá decidir en su escrito de acusación si son suficientes o no, recuerda el juez Sans Besanta. Pero destaca, al desestimar el recurso de este cargo público, que el sumario ya incorpora “un análisis de algunos documentos hallados en poder de Construcciones Daniel Ogando, SL que son idénticos a los existentes en algunos expedientes de contratación municipal”. Una coincidencia “que sugiere racionalmente un amaño de dichos expedientes”, apunta el juez. Con similares argumentos sobre la “indudable carga incriminatoria” de las pruebas, Sans Besada rechazó los recursos de tres técnicos municipales implicados en la causa. Sonada fue la redada que el 31 de enero de 2011, y tras un año de escuchas telefónicas, llevó a detener a los alcaldes de Cee, Fisterra y Mazaricos, en libertad provisional desde entonces. Sus secretarios municipales también están imputados.