La defensa de Jabyer pide anular el informe que acredita fugas de dinero

Dos visiones contrapuestas. Dos maneras de entender la contabilidad, la fiscalidad, la política y la empresa. Los inspectores y técnicos del departamento de Hacienda de la Diputación Foral de Bizkaia, junto a los expertos que dirigieron la administración concursal de Iurbenor en la causa que se siguió en el Mercantil 1 de Bilbao, aprecian en las operaciones financieras de Jabyer Fernández, técnicas elusivas, en ocasiones básicas, pero en cualquier caso enrevesadas, para desviar fondos hacia otras empresas y/o terceros. Así lo declararon ayer durante la cuarta jornada del juicio que se sigue en los juzgados de la capital vizcaína, por la descapitalización de Iurbenor, y el desvío de 43,5 millones de euros que esa empresa distribuyó entre otras muchas del grupo y de la familia, cuando tenían que haberse dedicado a pagar el IVA a la Hacienda de Bizkaia tras la venta de los terrenos de la fallida operación Puerta de Bilbao, en la que iba a levantarse un complejo con más de 2.000 viviendas.

Todo está justificado", sostiene un perito de la defensa

Para el presidente del Grupo Afer, su abogado defensor, Juan Carlos Monclús, y el perito que presentó ayer el contrainforme —al de los técnicos de la Unidad de Auditoría Informática—, Pedro Etxebarria, puede ser que haya un cierto caos contable, —aunque atribuible a su ex asesor fiscal Fernando García Macua— pero más allá de eso “todo está justificado” y es justificable. Es cierto que el IVA no se ingresó en la Hacienda de Bizkaia, pero se trata de un hecho que según argumentan los letrados de Jabyer hay que contextualizar en una serie de decisiones injustificables de la Diputación, como no conceder el aplazamiento de pago de esos 43,5 millones, cuando lo hacía de manera sistemática. La tesis de la defensa de una persecución dirigida desde el palacio foral hacia Jabyer, aunque esta palabra no salió de la boca de ningún perito ni letrado, tomó cuerpo ayer cuando sus abogados pusieron mucho énfasis en minimizar el exhaustivo informe de la administración concursal, pero sobre todo en deslegitimar el de los inspectores de la Unidad de Auditoría Informática (UAI) a quienes puso en aprietos por “no haber analizado la contabilidad de otras empresas” que, según argumentó la defensa, hubiera ofrecido una fotografía más fiel de la realidad.

Fernández montó una serie de empresas pantalla"

La defensa intentó demostrar que en las actuaciones de la Diputación de Bizkaia hay una serie de incumplimientos de su propia normativa tributaria. A renglón seguido, los defensores de los hermanos Fernández solicitaron la nulidad de esa pieza de la (UAI) que concluía con la existencia “de elementos objetivos y subjetivos de la insolvencia punible”. Los administradores concursales, por su parte, sostuvieron que “Fernández montó una serie de empresas pantalla para sacar el dinero de Iurbenor”, ya que prestó dinero a Residere primero y esta a Fonorte, cuando no tenían fondos. Fonorte pasó de 144 millones de contratos en 2006 a 12 en 2009. En un difícil trabajo por minimizar los daños, la defensa combatió a los administradores concursales por la valoración de los activos que hicieron de algunas firmas. “Detrás de la valoración está lo que se pagó, no lo que creíamos que valía”, justificaron los administradores en relación con el precio de las acciones que Iurbenor compró a Habidite.