Las boñigas de Imperioso

Fue concluir el presidente del Tribunal de Málaga la lectura de la sentencia del caso Malaya, y acordarme de inmediato de Imperioso, el caballo de Jesús Gil, ese pura raza que en 1996 encabezó el desfile colchonero que lució por las calles de Madrid la copa y la liga ganadas por el equipo. Imperioso llegó a Marbella como el principal consejero de Jesús Gil y dos décadas después aún se están retirando las boñigas que ambos dejaron a su paso. Cuando Gil falleció, Imperioso apenas superó dos años y medio su ausencia, aunque creo que si estuviera vivo —el caballo, no Jesús Gil— algunos de los imputados saldrían cabalgando por las calles de Marbella para festejar el veredicto.

No hay un fallo judicial que, dictado siete años después de que ocurrieran las primeras detenciones, sea capaz de calibrar en su totalidad lo que ocurrió en esta localidad malagueña. Sobre todo, porque cuando se empezó a investigar lo sucedido ya casi todo estaba robado y se quedó fuera del sumario una parte sustancial del saqueo a las arcas públicas al que fue sometido este Ayuntamiento desde la pasividad de casi todos: la Justicia, los partidos políticos, las administraciones públicas y los ciudadanos, esos que prolongaron el asedio al dinero público con hasta cuatro mayorías absolutas.

La sentencia es inequívoca en los hechos. Hubo un sistema corrupto generalizado que se instauró en el Ayuntamiento de Marbella por parte de los procesados y bajo el poder que ejercía sobre todos ellos, el que fuera gerente de Urbanismo, Juan Antonio Roca. “Frente al cúmulo de datos, de prueba documental, pericial, registros, intervenciones telefónicas, testifical y de confesión de hechos practicados durante el juicio oral no puede prevalecer, en modo alguno, la negación de los hechos”, sostiene el fallo judicial. Por tanto, si las penas impuestas al final están muy por debajo de las solicitadas por la fiscalía, habrá que pensar que robar en Marbella fue mucho más fácil que probar cuántos fueron los que robaron.

De hecho, en el caso de los exalcaldes y exconcejales condenados, está acreditado que recibieron dinero a cambio de facilitar el urbanismo a la carta de Roca, aunque son condenados por el tipo delictivo más leve del cohecho por la imposibilidad de verificar individualmente que las dádivas se correspondían con cada hecho delictivo. Quizás una de las cosas más importantes que certifica la sentencia es la de legitimar la decisión de un Gobierno en España de disolver un Ayuntamiento elegido democráticamente ante el nivel de corrupción que alcanzaron los miembros de la Corporación municipal.

El listado de imputados que se van sin pena —quizás también sin gloria— de la sentencia del caso Malaya no es un asunto menor. La mayoría han sido absueltos de imputaciones por blanqueo de dinero, pero algunos otros se libran por la prescripción de los delitos. De la sentencia se escapa también el rastro de algunas fortunas que se hicieron y de algunos entramados financieros que se crearon para poder esconder lo robado. Un dinero que se obtuvo con convenios urbanísticos que permitieron levantar 30.000 viviendas donde no se podía, robándole a la ciudad zonas verdes, colegios y equipamientos públicos.

Marbella fue durante un tiempo un símbolo de la corrupción, ese monstruo que se fue extendiendo y que está socavando los pilares de la democracia en España. Muchas de las cosas que se hicieron en esta localidad malagueña para eludir la legalidad y poder robar a manos llenas se extendieron por demasiados lugares de la geografía española. Quizás habría que pensar que lo importante no son las condenas particulares, sino la sentencia en general. Esa condena global a una época de corrupción municipal en la que muchos creyeron que las boñigas de Imperioso olían a colonia.

@jmatencia