Urquijo avisa de que la consulta de Igeldo requiere la autorización del Gobierno

El delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo, ha remitido este jueves sendos oficios al alcalde de San Sebastián, Juan Karlos Izagirre, y al diputado general de Gipuzkoa, Martin Garitano, ambos de Bildu, en los que les comunica que la convocatoria de una consulta popular sobre la desanexión de Igeldo requiere "el acuerdo por mayoría absoluta del pleno" donostiarra y "la autorización del Gobierno de la nación".

El envío de los escritos de Urquijo se produce al día siguiente de que la Diputación de Gipuzkoa comunicara oficialmente el miércoles que los vecinos de Igeldo votarán el próximo 10 de noviembre si quieren separarse de San Sebastián. El Gobierno foral de Bildu arguye que es la institución competente para convocar este tipo de votaciones y para delimitar las demarcaciones municipales de Gipuzkoa.

Urquijo advierte en los oficios de que el artículo 71 de la Ley de Bases de Régimen Local establece que para convocar una consulta popular sobre "asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para los intereses de los vecinos" se hace necesario un acuerdo plenario del consistorio y "autorización del Gobierno de la nación".

"En el presente caso", asegura Urquijo en relación con Igeldo, "no consta que se haya cumplido ninguno de los requisitos". Por ello, el delegado del Gobierno da un mes de plazo para que, tanto Izagirre como Garitano, den "cumplimiento a las previsiones legales citadas".

Posteriormente, la Diputación de Gipuzkoa ha respondido a Urquijo que la institución foral "no precisa de ninguna autorización" del Gobierno central para convocar la mencionada consulta porque dice tener "plenas competencias" para celebrar este tipo de comicios "no vinculantes". Para elo, el Gobierno foral se acoge a "la Norma foral 1/2010, de 8 de julio, sobre participación ciudadana, aprobada por las Juntas de Gipuzkoa en 2010".

La Diputación sostiene en un comunicado que la consulta de Igeldo "cumple con todos los requisitos legales". "La seguridad jurídica y democrática de la consulta es inapelable", asegura.