Competencia desmonta el sindicato de intereses del puerto de Valencia

La Comisión Nacional de la Competencia, en una de sus últimas decisiones como organismo autónomo, desmontó este miércoles el dudoso sistema en el que se ha basado el transporte de contenedores del puerto de Valencia en los últimos años. Un negocio fabuloso dado que se trata del puerto de referencia del mediterráneo en tráfico de contenedores y el año pasado movió 4,5 millones de unidades.

Competencia impuso 43 millones de euros de multa a las asociaciones empresariales y de autónomos del transporte, a la patronal del sector, a las asociaciones de consignatarios y transitarios, a las concesionarias de terminales e incluso a la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), de la que dictaminó que había participado en la “fijación de precios y condiciones comerciales, la limitación o control de flotas y el reparto del mercado”.

La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) fue igual de severa con el papel jugado por la Consejería de Infraestructuras y Transporte, a la que acusó de haber “desempeñado un papel activo en la organización y vigilancia de la adecuada ejecución de un acuerdo de fijación de precios, contribuyendo considerablemente a su mantenimiento en vigor y, por tanto, a restringir grave y prolongadamente la competencia en el mercado”.

Las multas resultaron especialmente abultadas para la asociación de transitarios ATEIA-OLT (13,1 millones), la asociación de Empresas de Logística y Transporte de Contenedores (ELTC, con 12,69 millones) y la asociación de transportistas autónomos Transconval (9,9 millones). Pero alcanzó a otras siete compañías y asociaciones, y también a la propia Autoridad Portuaria de Valencia —cuya cúpula está siendo sometida paralelamente al escrutinio de la justicia por supuestas irregularidades—, a la que impuso una más simbólica sanción de 100.000 euros.

La Autoridad Portuaria está entre las sancionadas por repartir el mercado

Competencia resolvió que todos ellos habían venido “distorsionado el normal funcionamiento de la oferta y la demanda de los servicios de transporte de contenedores de forma constante y reiterada”. Y ello mediante acuerdos “para homogeneizar los precios del transporte por carretera”, la “aplicación de forma coordinada de los incrementos del IPC o del gasóleo”, así como de otras prestaciones, como las indemnizaciones por paradas. Para asegurar el cumplimiento de ese sistema, que el organismo consideró una “infracción muy grave” de las normas de competencia, los ahora sancionados llevaron a cabo “repartos del mercado y restricciones de la oferta mediante la limitación de vehículos a los que se les permite entrar y prestar servicio en el puerto”.

A pesar de la dureza con la que Competencia juzgó el papel de la Consejería de Infraestructuras en este sistema ahora declarado ilegal, el departamento de la Generalitat eludió la sanción económica. El motivo, señaló una portavoz de la CNC, no fue que el organismo considerase su actuación menos grave que la de otros actores, sino que la Audiencia Nacional ya anuló una de sus sanciones a una Administración (respecto a la fijación de precios de vino de Jerez) y en esta ocasión había optado por la “prudencia” dado que el Tribunal Supremo aún no se ha pronunciado al respecto fijando jurisprudencia.

El origen de la sanción se remonta a un acuerdo alcanzado en 2010 que contó con el patrocinio de la Autoridad Portuaria y la Consejería de Infraestructuras, dirigida entonces por Mario Flores, según señalaron ayer fuentes de las entidades sancionadas. El pacto, se justificaron, se adoptó para hacer frente al brusco encarecimiento del precio del combustible y para dar cierta seguridad a los operadores del transporte frente a sus clientes.

La consejería negó que hubiese pactado nada y limitó su actuación a la convocatoria de una reunión. La Autoridad Portuaria, enmarcó la suya en el intento de propiciar “el acercamiento” de los sectores portuarios “ante un escenario de conflicto” que producía un “fuerte impacto negativo” en la actividad portuaria y el tejido productivo valenciano. Pese a subrayar que en ningún caso limitó la libre competencia ni infringió la ley, el puerto no aclaró si recurrirá la sanción.