El fiscal pide cárcel para Sandokán por desobediencia

El concejal Rafael Gómez Sánchez, conocido en Córdoba como Sandokán volverá a sentarse en el banquillo de los acusados en los próximos meses. La Fiscalía ha formalizado una acusación contra el líder y portavoz del principal partido de la oposición en el Ayuntamiento, Unión Cordobesa (UCOR). El exempresario, joyero, constructor y dueño de Arenal 2000 está acusado de un presunto delito de desobediencia, que será juzgado por el titular de lo Penal 3 de Córdoba. El líder de UCOR se enfrenta a una pena de nueve meses de cárcel.

En 2010, Gómez fue denunciado por un impago de 55.000 euros en el Juzgado de Primera Instancia 7 de Córdoba. Según la calificación del fiscal, el concejal, su mujer y su yerno, administrador del Grupo de Empresas Rafael Gómez, fueron requeridos por el juez hasta en tres ocasiones para que enviaran al juzgado una relación de los bienes que tenía la compañía a su nombre.

En las tres ocasiones, se le advirtió de que podría incurrir en un delito de desobediencia si no lo hacía. Finalmente, al tercer aviso se decidió instruir la causa contra Rafael Gómez, su mujer M. D. S. M. y su yerno, R. Ll. I. “Los acusados con absoluto desprecio a la autoridad judicial requirente hicieron caso omiso a los requerimientos, a pesar de ser advertidos de las consecuencias de rebeldía”, concluye en su escrito la Fiscalía de Córdoba. 

‘Caso Malaya’

Sandokán ya es un habitual de los juzgados. El caso más importante que pesa sobre él es el Malaya, donde ha sido enjuiciado por cohecho. La sentencia se conocerá este viernes. Pero en Córdoba, el asunto más famoso que arrastra desde hace casi 10 años es la construcción ilegal de cuatro hectáreas de naves ilegales en la sede de su empresa. Una construcción que le valió una multa de 24,6 millones de euros.

 Para resolver el desaguisado urbanístico, el Ayuntamiento redactó un plan especial que supone la regularización de más de la mitad de las cuatro hectáreas de naves ilegales. Esta medida fue impugnada por la Junta, que pidió medidas cautelares que suspendiera la ejecución del plan. El TSJA rechazó la medida cautelar solicitada por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, que ha impugnado el proyecto municipal y que solicitaba suspender su ejecución aduciendo que permite unos usos prohibidos en el propio Plan General de Ordenación Urbana de Córdoba.