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El PSOE pide explicaciones por la prescripción de delitos en Mercasevilla

Los socialistas consideran que la justicia también debe rendir cuentas, en referencia a Alaya

El PSOE andaluz considera "extraordinariamente grave" que hayan prescrito dos de los delitos que se imputan a dos hermanos de la ministra Fátima Báñez y otros cinco empresarios en el caso Mercasevilla y ha pedido que se expliquen "correctamente y claramente" las razones que han llevado a que eso ocurra.

El portavoz parlamentario del PSOE andaluz, Francisco Álvarez de la Chica, ha señalado a los periodistas que de confirmarse esos hechos los ciudadanos tienen derecho a saber por qué pasan las cosas y ha recordado que "cuentas tiene que rendir todo el mundo, las Administraciones públicas y también la justicia".

Ha añadido que se trataría de un hecho "doblemente grave" por una actuación "presuntamente inadecuada" de la justicia, ya que no solo porque quien presuntamente ha cometido el delito "no va a pagar por él", sino también porque "quien debe proteger el interés general de los ciudadanos, que es la justicia, lo ha hecho de manera presuntamente inadecuada".

"Si además concurren circunstancias como las que hemos conocido de relaciones de algunas personas, muchos ciudadanos se preguntan con razón si esto también es una casualidad", ha añadido. Ha apuntado que cualquier delito que prescribe en democracia y cualquier persona que "presuntamente ha delinquido" y no cae sobre ella "el peso de la justicia" es una mala noticia "para la democracia y para el Estado de Derecho".

La juez Mercedes Alaya, que investiga el caso, ha reconocido que están prescritos los delitos de maquinación para alterar el precio de las cosas y fraude y exacciones ilegales, pero no el de prevaricación. La juez atiende al razonamiento que le hizo la Fiscalía Anticorrupción, que consideró que el plazo de prescripción para esos delitos es de cinco años y en este caso se ha superado pues el contrato para la venta de los terrenos entre Mercasevilla y la empresa Sanma fue firmado en febrero de 2006 y la causa no se dirigió "de manera directa y concreta" contra los empresarios hasta el auto del pasado 7 de junio de 2013.

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