El Palau de la Música evita acusar a Convergència por el expolio

El Palau de la Música no se siente perjudicado por Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y considera, en contra del criterio del juez y el fiscal, que no hay indicios para concluir que el partido nacionalista se embolsó 5,1 millones en comisiones ilegales de Ferrovial. Por esas dos razones, ha excluido a CDC de su escrito de acusación en el caso Palau: ni le reclama nada ni exige que figure como responsable civil.

La presidenta del Palau, Mariona Carulla, justificó ayer que la entidad solo busca “resarcirse” del expolio, que cifró en más de 30 millones. La institución, que ejerce la acusación particular en la causa, ha volcado su sed de justicia en quienes fueron sus máximos responsables hasta 2009: Fèlix Millet; su lugarteniente, Jordi Montull; y la hija de este, Gemma Montull. Los abogados del Palau piden, para cada uno de ellos, 81 años de cárcel por apropiación indebida, falsedad y estafa. También solicitan una elevada pena (15 años) para sus esposas, pese a que el juez las había exculpado.

La posición del Palau siempre ha sido de extrema prudencia en todo lo concerniente a Convergència

“Son cifras importantes, demuestran nuestro interés en que actúe la justicia”, remachó el portavoz del Palau, Carles Cuatrecasas. Sobre la decisión de excluir a a CDC, afirmó que se ha basado en “estrictos criterios jurídicos” y que “no supone ni inculpar ni exculpar a nadie”.

Esos “criterios jurídicos” los detalló el penalista Javier Zuloaga, de PriceWaterhouseCoopers (PwC), la consultora que defiende los intereses del Palau y que mantiene una buena sintonía con la Generalitat. Uno de sus socios en Barcelona, Joaquim Triadú, fue alto cargo durante los gobiernos de Jordi Pujol. Zuloaga reconoció que hay indicios de que algunas empresas cobraron del Palau por trabajos que no realizaron. Lo que no está “suficientemente probado”, matizó, es que el dinero fuera a parar a las arcas de CDC.

El presunto pago de comisiones se enmarca en un delito contra la administración pública, precisó, y “no afecta” al Palau, por lo que la institución no debe reclamar nada al partido. El portavoz agregó que el escrito de acusación “no es definitivo” y que el Palau se reserva cualquier acción contra “personas o entidades” —no mencionó a CDC— pero solo en el caso de que haya condena. Lo cierto es que es la cuarta vez, desde que comenzó el caso, que el Palau se muestra renuente a apuntar hacia Convergència.

Tras cuatro años, el juez dio por concluida la investigación del caso Palau el pasado julio. En su escrito, afirma que el partido de Artur Mas se financió de forma irregular tras alcanzar un “acuerdo” con directivos de Ferrovial. La constructora, según el juez, camufló como “generosas donaciones” al Palau lo que, en realidad, eran pagos ilícitos para hacerse con la adjudicación de obras públicas de gran envergadura durante el último gobierno de Jordi Pujol, como la Ciudad de la Justicia o la línea 9 del metro. La comisión (del 4%) se repartía entre Convergència y los intermedirios: Millet y Montull.

El juez mantiene imputados al extesorero de la formación nacionalista, Daniel Osácar, y al exdiputado de CiU Jaume Camps, así como a dos responsables de Ferrovial. El Palau no pide que se abra juicio oral contra ellos. El escrito de acusación fue refrendado por las dos entidades privadas que integran el Palau: la junta del Orfeó (con un solo voto en contra) y el patronato de la Fundación. En las votaciones no participaron ni la diputada de CiU Glòria Renom ni el exjefe de campaña de Mas, David Madí.