Se vende o alquila; razón, Generalitat Valenciana

"Son las fábricas del siglo XXI al servicio de una industria estratégica que es el turismo”. Eso es lo que proclamó en febrero de 2007 Francisco Camps sobre los grandes proyectos y grandes eventos relacionados con el ocio. Lo hizo desde el pabellón que la trama Gürtel había construido para la Generalitat valenciana en la feria turística Fitur, en Madrid. El entonces presidente valenciano empleó un tono triunfalista al defender que 41 millones de personas habían disfrutado ya de unas iniciativas públicas que generaban riqueza. Solo cinco años después, en la edición de Fitur de 2012, el reclamo de los grandes proyectos se había diluido ya dentro de la oferta del pabellón valenciano hasta quedar relegada a un plano muy secundario.

Hoy en día, todas aquellas “fábricas del siglo XXI” están en liquidación: se han vendido, se ponen a subasta o se ofrecen en alquiler. Las consecuencias de un proceso de euforia política desbocada se han llevado por delante también a la cadena autonómica Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), cuya programación se encuentra ahora en pleno proceso de externalización tras el despido de un millar de empleados y después de acumular 1.200 millones de euros de deuda. Para no vaciar el enorme edificio del Centre de Producció de Burjassot, las productoras privadas usarán los platós de la cadena pública.

En unas semanas se hará público el concurso para privatizar la gestión de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, en Valencia, mientras se buscan compradores para la Ciudad de la Luz, en Alicante y el aeropuerto de Castellón licita su gestión. Al mismo tiempo, el Consell aspira a no tener que pagar una indemnización al multimillonario Bernie Ecclestone, que en su día hizo campaña por Camps, para rescindir el contrato del gran premio de Fórmula 1 en Valencia, cuyo coste de celebración ascendió el año pasado a 40 millones de euros. Las carreras por la ciudad superan los 200 millones de coste desde su primera edición.

Toda la supuesta solidez de las grandes obras y los eventos de postín se disuelve en el aire del exceso y la recesión. Toda una línea política se resquebraja ante la incapacidad de la Generalitat de sostener financieramente el peso del entramado que ella misma puso en pie. La crisis ha acabado de hundir las arcas públicas hasta el abismo de los 29.000 millones de deuda (más del doble del presupuesto anual del Consell). Además, el fenómeno ha servido de justificación para acelerar la extensión del modelo de externalización, o privatización, de la gestión de bienes sufragados con dinero de todos.

El Consell aspira a no tener que pagar una indemnización al multimillonario Bernie Ecclestone para rescindir el contrato del gran premio de F-1

Terra Mítica, mascarón de proa de esa desenfadada política turística y programática del PP valenciano emprendida en tiempos de Eduardo Zaplana, fue también la primera en caer. El parque de ocio de Benidorm, cuya construcción costó más de 400 millones de euros, la mitad procedentes de las arcas públicas, fue vendido en junio de 2012 por 65 millones a la empresa que gestionaba otros dos parques de atracciones en la ciudad, Aqualandia y Mundomar. De esa cantidad, los promotores de Terra Mítica, la Generalitat, Bancaja y la Caja Mediterráneo (CAM), apenas se repartieron 20 millones porque hubo que destinar 45 a saldar la deuda que arrastraba el complejo lúdico, que nunca cumplió las expectativas de explotación y de visitantes con las que fue diseñado.

La espectacular Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa), en Valencia, emblema de esa política de grandes proyectos, y también de los sobrecostes y el despilfarro —su coste supera los 1.200 millones de euros, triplicando ampliamente el presupuesto inicial—, se prepara estos días para la gestión privada de todos sus edificios, a excepción del teatro de la ópera del Palau de les Arts, que seguirá bajo las riendas de la Generalitat.

Próximamente saldrá a concurso un paquete integral formado por l’Oceanogràfic (parque marino), l’Hemisfèric (cine Imax), el Museu de les Ciències, l’Umbracle (espacio ajardinado), l’Ágora (sin contenido definido) y los espacios comunes. Un operador privado deberá aumentar los beneficios y los turistas en los próximos 15 años. La previsión es que el nuevo gestor entre ya en Cacsa el próximo verano.

La previsión es que el nuevo gestor entre ya en Cacsa el próximo verano

La Generalitat pretende obtener así ingresos para cubrir la totalidad de gastos que no supongan la amortización e intereses de los edificios. Mientras ultima su externalización, sigue reiterando que el complejo diseñado principalmente por Santiago Calatrava, que sin duda ha contribuido a proyectar internacionalmente la ciudad, ha generado 478 millones de euros y ha tenido 50 millones de visitantes desde 1998.

También se elogia, lanzando una catarata de impactos económicos, la Ciudad de la Luz, el impresionante complejo de estudios cinematográficos construido por la Generalitat en Alicante. Su gestión ya estaba privatizada. Ahora están en venta todas las instalaciones. Un largo pleito para resolver el contrato con Aguamarga, concesionaria del complejo, ha desembocado hace unos días en una sentencia que condena a los gestores a pagar 1,2 millones al Gobierno autonómico. Mientras despeja definitivamente a los concesionarios de la gestión, Alberto Fabra, el actual presidente valenciano, también del PP, está obligado a vender la Ciudad de la Luz al mejor postor, no solo porque los estudios pierden unos 20 millones de euros al año, sino porque la Unión Europea ha ordenado desinvertir todo el dinero público empleado en el proyecto, que ha calculado en unos 265 millones de euros. La cifra incluye unos costes de construcción en los que no se escatimó nada, ni el millón de euros de la garita de entrada ni los 2,3 millones que volaron en una rotonda que se llevó el viento un día de temporal.

Con motivo de una denuncia de los estudios Pinewood, de Londres, la Comisión Europea estimó en 2012 que los fondos invertidos en la Ciudad de la Luz “no se facilitaron en condiciones de mercado” y vulneran las normas de la libre competencia.

En una respuesta a senadores socialistas valencianos que se interesaron por el tema, el Gobierno de España ha explicado que en las reuniones mantenidas por los servicios de la CE, la representación permanente de España ante la UE y la Generalitat Valenciana, se persigue el objetivo de “conseguir el cumplimiento de la obligación de recuperación, valorando posibles escenarios ante la imposibilidad de recuperar la ayuda de la sociedad pública”. Unos escenarios que pasan, inexorablemente, por “el proceso de venta de los activos para maximizar el precio”. Tras una última reunión el pasado mayo, la “licitación abierta” del complejo está pendiente de autorización desde Bruselas.

120 millones de euros por el aeropuerto de Castellón

La Administración valenciana prepara otro pliego de licitación para el aeropuerto de Castellón, una instalación que Camps inauguró junto a su principal impulsor, el entonces presidente de la Diputación, Carlos Fabra, en marzo de 2011 pese a que, ni en aquel momento ni ahora, aterrizan o despegan aviones en su pista.

La Generalitat justificó el proyecto por la afluencia de turistas que generaría la frustrada creación de una macrourbanización con parque temático junto a la actual Marina d’Or. Ahora pretende adjudicar por 10 años una gestión que implica hacerse cargo de los trámites de apertura del aeropuerto. Hace solo unos días, un juez de Castellón falló que la Generalitat ha de pagar más de 120 millones de euros por las obras del aeropuerto para resolver el contrato con la concesionaria que lo construyó.