Condenados y (todavía) sin castigo

Juan Ramón Ibarra e Iñaki González, amigos, residentes en Bilbao, y expertos en tributos, tienen más cosas en común de lo que parece. Aunque uno trabajaba en el sector público y el otro en el privado, todavía no han entrado en prisión pese a haber sido condenados a penas similares de más de cuatro años y seis meses por delitos relacionados con falsedad de documentos oficiales y mercantiles. El Tribunal Supremo condenó a Ibarra —ex jefe de la Inspección de Tributos de la Diputación de Bizkaia— en mayo de 2012 a cuatro años seis meses y un día por un delito continuado de falsedad en documento oficial, y la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Bizkaia condenó a González —propietario de IG Asesores— el pasado mayo, justo un año después, a cuatro años y nueve meses por “apropiación indebida en concurso medial”, con un “delito continuado de falsificación” en documento mercantil. Sentencias similares por hechos que se remontaban en ambos casos a un periodo de años entre 2.000 y 2004, y pese a todo los dos hacen vida normal, aunque previsiblemente ya por poco tiempo.

Ibarra lleva 16 meses en libertad desde la sentencia del Supremo, gracias a que está empleando todos los mecanismos que le brinda la legislación para eludir la prisión. Ahora se encuentra a la espera de que le concedan un indulto, una decisión que según todas las fuentes consultadas, el Gobierno de Mariano Rajoy tiene que estar ya a punto de tomar. Es su último cartucho. El ex director de la Inspección de Hacienda de Bizkaia, logró concitar un considerable apoyo de varios grupos del entorno de la Iglesia de Bizkaia poco después de ser condenado. Según fuentes conocedoras del proceso, la petición de indulto fue presentada envuelta con la adhesión de diversos colectivos que muestran a Ibarra como una persona con una gran capacidad de servicio a la sociedad. Iñaki González, todavía está dando los primeros pasos de ese recorrido.

Es un hombre

Está a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva un recurso en casación al que la acusación se ha opuesto. González sigue prestando servicios religiosos los fines de semana en la Iglesia de San Vicente, en los Jardines de Albia. Es un hombre profundamente creyente y con mucho crédito en esos ambientes cristianos que sigue cultivando de forma asidua junto a su familia. Pero además de amistad y aficiones han compartido clientes. Uno de esos clientes, Talleres la Casilla (TLC)—que quebró con un pasivo igual al doble del dinero que pagó a González— ha servido de nexo de unión en los procesos judiciales de ambos. TLC era uno de los 209 contribuyentes que engrosaban el fichero protegido de Ibarra, denominado “0052 Control Vía Gestión Tributaria”, y cuya opacidad acabó por condenarle. Talleres la Casilla también era cliente de Iñaki González, quien gracias a la amistad con Ibarra, tenía una imagen de conseguidor de buenos acuerdos ante la Hacienda.

El presidente de la empresa IG le cobró a este taller, un pequeño negocio con problemas tributarios, entre los años 2000 y 2005 , un total de 0,9 millones de euros. La sala que lo condenó no tuvo dudas a la hora de valorar las minutas: “apropiación indebida”, sentenció. En ninguna de las dos causas, pese a las sospechas, se logró probar que la relación entre ambos fuera más allá de sus aficiones y tampoco que, como se llegó a sugerir en la causa del primero, la inclusión en el fichero protegido generara recursos económicos a terceros, incluidos ellos. ¿Pero entonces para qué protegía Ibarra a los contribuyentes de miradas ajenas? La pregunta no fue respondida en la causa, y ello pese a las dudas que suscitaron en su día las cuestiones dinerarias. Ibarra tenía en su cuenta 337.000 euros que, según dijo, le prestó su padre —que, también según dijo los guardaba en un armario—. González le cobró a TLC casi 250.000 euros al año por servicios que dijo que prestó pero que finalmente no acreditó.

El indulto podría resolverse en semanas

Los mecanismos de los que ha dispuesto Ibarra para retrasar su entrada en prisión están, también casi todos, a disposición de González. La primera opción de Ibarra fue plantear un incidente de nulidad ante el Tribunal Constitucional. La segunda, aunque no está confirmado que lo hiciera, era un recurso de amparo ante el Alto Tribunal, aunque se trataba de una vía que, en principio, no le reportaba demasiadas garantías de corregir la sentencia del Supremo. Pero la que más ha logrado retrasar el momento de la ejecución de la sentencia es la petición de indulto al Gobierno. Fuentes judiciales aseguran que la resolución de esa petición es inminente, —“cuestión de semanas”—, aunque nadie se atreve a augurar el sentido de la decisión del Consejo de Ministros, sobre todo después de los polémicos indultos concedidos por el Gobierno de Rajoy en el último año. Pero además cabe la posibilidad de que el indulto sea parcial o total.

Si es total, no hay ninguna duda en la aplicación. Posiblemente tendrá que pagar una multa pero seguirá libre. Si es parcial, y el Gobierno, que no tiene que justificar su decisión, le rebaja, por ejemplo, uno o dos años la pena, nadie duda de que la Audiencia de Bizkaia optaría por una ejecución de sentencia sin petición de ingreso en prisión. Una vez abierta la vía, y con tantas similitudes vitales y penales entre ambos, lo más probable es que el González también pedirá el indulto.