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Jefes de Seguridad de Adif niegan ser responsables de las señales de Angrois

Los cargos imputados declaran que eran competencia de otros departamentos

No fueron ellos los responsables de diseñar la señalización de la línea férrea Ourense-Santiago ni tampoco de mejorarla si hubiese sido necesario una vez puesta en servicio en diciembre de 2011. En eso coincidieron ayer los dos primeros jefes de seguridad del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) que declaran como imputados por el accidente del Alvia que descarriló en Anrgois, a la entrada de Santiago, el pasado 24 de julio provocando 79 muertes.

Manuel Besteiro Galindo, director de Seguridad en la Circulación, y su subordinado Fernando Rebón Sartal, gerente de Seguridad en la Circulación para el Noroeste, comparecieron como imputados ante el juez instructor del caso, Luis Aláez, durante dos horas y media y dos horas, respectivamente. El juez los llamó a declarar porque considera que pudieron no cumplir “las normas de cuidado que tienen por fin la prevención de accidentes” al no advertir mejor de la “situación de riesgo” que a su juicio supone la curva de Angrois, por la que el maquinista Francisco José Garzón circuló despistado a más velocidad de la debida. Besteiro y Rebón negaron que tuviesen responsabilidad a la hora de señalizar mejor dicha curva, según informaron fuentes que tuvieron acceso a sus declaraciones. Del diseño inicial de la línea y de sus medidas de seguridad ambos responsabilizaron al Ministerio de Fomento, que encargó el proyecto de la obra. Besteiro también indicó que la consultora pública Ineco-Tifsa, en la que él mismo había trabajado con funciones no precisadas antes de entrar en Adif, validó la aptitud de la línea para su puesta en servicio. Y ambos aseguraron que, con los trenes ya circulando por las vías, no era tampoco su responsabilidad mejorar sobre la marcha su señalización si fuese necesario sino que esto corresponde a los departamentos de Infraestructura y Mantenimiento de Adif. Besteiro recordó que, además, él asumió su actual cargo de director de Seguridad apenas 50 días antes del accidente.

Del incendio de Guadalajara a Angrois

El recurso presentado por Adif contra la decisión del juez Aláez de imputar a los 29 técnicos responsables de seguridad y miembros del Consejo de Administración de Adif desde diciembre de 2011 —entre ellos, sus tres últimos presidentes— no exime a la empresa pública de su obligación de facilitar esos nombres al juzgado. Así lo aseguraron ayer fuentes judiciales, que recordaron que Adif no debe entorpecer el funcionamiento de la justicia.

En su recurso contra las imputaciones presentado el lunes, Adif argumenta que facilitar los nombres de las personas que tienen o han tenido responsabilidades técnicas o administrativas supondría someterlas a un juicio público paralelo en un caso tan mediático como este. Y critica que el juez cite a declarar a los miembros del Consejo de Administración como “delegantes” de una responsabilidad en los técnicos inferiores sin haber tomado aún declaración a esos técnicos en los que delegaron la supervisión de la seguridad. El recurso de Adif se centra en poner en duda “la figura del garante mediato o por delegación” a la que recurre el juez para atribuir a los miembros del Consejo de Administración cierta responsabilidad de cuidado a la hora de prevenir riesgos en las vías. Pero la crítica del abogado del Estado es demoledora: “Lo que nos deja asombrados es la construcción de \[esa\] figura jurídica extraña, desconocida, construida artificiosamente” para imputar a los presidentes y vocales de Adif.

Para descartar su responsabilidad, incluso como “garante de verdad”, el recurso de la compañía púlica cita en numerosas ocasiones como jurisprudencia un auto de la Audiencia Provincial de Guadalajara de 2010 por el que se eximía a varios técnicos y políticos de la Junta de Castilla la Mancha de responsabilidad como para ser imputados por la muerte de 11 brigadistas en el incendio que afectó a Riba de Saelices en julio de 2005. Adif viene a decir que si los cargos superiores delegaron adecuadamente en sus inferiores sus deberes, no son responsables. “Y nada en los autos \[del sumario del Alvia\] permite llegar a la conclusión de que la delegación” fuera inadecuada.

A las preguntas de varias de las partes personadas sobre si consideran que la línea Ourense-Santiago era segura, tanto Besteiro como Rebón se limitaron a asegurar que cumplía con la normativa. Respuestas similares y recurrentes como “no me consta”, “no me compete” o “actué conforme al reglamento” llevaron a algunos abogados de víctimas a calificar sus intervenciones como “evasivas”. Los dos responsables de Adif coincidieron en apuntar al maquinista como principal responsable de la seguridad en la circulación por la vía al ser el encargado, según el reglamento, de mantener una velocidad adecuada a cada tramo. También reiteraron, como ya había confirmado Adif a los pocos días del accidente, que en la curva de Angrois nunca se llegó a instalar el sistema de control constante de velocidad ERTMS, el más avanzado, que finaliza cuatro kilómetros antes. Pero insistieron en que ello no supuso ningún problema hasta entonces para los numerosos trenes que circularon por allí solo con el sistema más antiguo, el ASFA, como el que llevaba el Alvia siniestrado, que solo frena el tren allí donde hay una señal instalada.

Y para demostrar que no tenían ni tienen responsabilidad sobre las señales, Besteiro y Rebón declararon que si instalaron nuevas balizas en la curva de Angrois tras el accidente fue porque así se lo ordenó la Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento. Según algunas fuentes, lo hizo a petición a su vez de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) como medida cautelar mientras culmina sus pesquisas. Tras la declaración de estos dos máximos responsables de Seguridad de Adif, hoy declararán ante el juez Aláez tres de sus subordinados: el jefe de inspección José Antonio García Díez y los inspectores Carlos A. G. y Roberto S. A. Estas serán, por el momento, las últimas declaraciones, a la espera de que la Audiencia de A Coruña se pronuncie sobre el recurso de Adif contra la imputación de otros 29 cargos de la compañía pública.

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