El puerto de Málaga tiene que recurrir a la ayuda del Estado

Una pancarta desplegada en la fachada del edificio de la Autoridad Portuaria de Málaga recuerda la huelga convocada en agosto. En el vestíbulo, fotos de empleados que se muestran contrarios a la “corrupción” empapelan las columnas. Se trata de una medida de protesta de los trabajadores del puerto, que en los últimos meses vive instalado en el sobresalto con cambios en la presidencia, un conflicto laboral, una situación financiera complicada y un procedimiento judicial por presuntas irregularidades en las obras de remodelación. El encargado de poner orden en la mayoría de estos frentes es el exconsejero Paulino Plata, nombrado a mediados de junio presidente en sustitución del actual consejero de Economía, José Sánchez Maldonado.

El frente económico lo ha abierto la crisis. El puerto de Málaga gasta más de lo que gana y el déficit en 2013 rondará los dos millones, según Plata. El año pasado se acercó a los tres. La situación es “bastante complicada” y el recinto es uno de los que tiene peores números de todo el país. La principal fuente de ingresos es el tráfico de mercancías, de contenedores o de productos como cemento, que ha caído en picado. Las cifras han sido positivas en julio y agosto y han rebajado algo el descenso acumulado del año, que aún es del 60%.

La concesión de espacios es otra vía de recaudación, además de la línea marítima con Melilla y la actividad de los cruceros, que representa cerca del 30% de los ingresos. El actual ejercicio tampoco ha sido bueno para los buques de pasajeros y para final de año se estima un descenso cercano al 20%, retroceso vislumbrado tras la decisión de navieras como Royal Caribbean de dejar de utilizar Málaga como puerto base. La caída en el primer semestre ha sido del 38%.

El puerto tiene 180 trabajadores con una nómina anual que supera los seis millones

Y todo esto entronca con el conflicto laboral, aunque el presidente del comité de empresa, Juan Antonio Triviño (UGT), opina que se trata de una excusa para promover despidos. El puerto tiene 180 trabajadores con una nómina anual que supera los seis millones. Plata explica que un estudio sobre la plantilla ha detectado un exceso de trabajadores respecto a otros recintos similares y se ha optado por pedir 1,8 millones a Puertos del Estado para prejubilar voluntariamente a 40 personas en cuatro años. La medida permitiría ahorrar unos 800.000 euros anuales y, según el exconsejero, las cuentas podrían equilibrarse en 2015.

Triviño rechaza el plan y critica que esta petición podría abrir la puerta a una posible intervención del puerto. A su juicio, la situación económica se podría solventar con “actuaciones tan sencillas” como cobrar el dinero que adeudan los concesionarios. “No existe ningún problema estructural distinto al que tienen otros puertos”, añade, e insiste en que no sobran empleados, sino todo lo contrario.

Este paso acentúa el conflicto abierto en mayo cuando no se renovó a tres eventuales, decisión de la que Triviño responsabiliza al expresidente Sánchez Maldonado. “Estos contratos están en el plan de empresa para 2013”, apunta. Parte del comité de empresa (UGT y USO) promovió un encierro que aún sigue y las negociaciones no avanzan.

El frente judicial se refiere a supuestas irregularidades en obras. Un juzgado investiga los trabajos realizados en la zona de atraques de cruceros, acometidos por Sando y Dragados, porque la plataforma se habría levantado sobre menos pilotes de los que fueron pagados y con un grosor menor.