Un mes enrocados

Sindicatos y dirección de CatalunyaBanc reanudarán el martes las reuniones del periodo de negociación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) previo al tercer intento de venta de la entidad nacionalizada que contempla el despido de un tercio de la plantilla: 2.400 personas hasta 2016. La cifra exacta de afectados que reveló el lunes pasado la entidad es de 2.395, algo menos de los 2.435 anunciados de salida. Es prácticamente el único avance que se ha producido durante las negociaciones previas e informales de un ERE anunciado a finales de julio y en el que la postura del banco, cuyo principal accionista es el FROB, parece inamovible. La dirección ha insinuado que podría haber margen si los trabajadores aceptaran movilidad obligatoria, modificación de horarios y una rebaja salarial, pero no ha cuantificado nada de lo anterior.

La entidad, que ha recibido 12.500 millones de euros en ayudas públicas, mantiene su oferta de salida: 20 días por año trabajado con 12 mensualidades. Reforma Laboral pelada. Unas condiciones inferiores a las ofrecidas a los despedidos de las otras dos entidades rescatadas: 4.500 en Bankia y 1.860 de NovaCaixa Galicia, que lograron hasta 30 días, más de dos años y compensaciones por antigüedad. Y hubo salidas voluntarias y prejubilaciones.

La plantilla pide prejubilaciones para 900 empleados que serán mayores de 55 años en 2016

En CatalunyaBanc no. Ni siquiera se contemplan las prejubilaciones, con el argumento del decreto de marzo que endurece las salidas de empleados de más de 50 años penalizando a las empresas con parte de su coste. Ello pese a que 900 empleados cumplirán los 55 años hasta 2016. Hasta el consejero de Economía del Gobierno catalán, Andreu Mas-Colell, ha exigido un trato igual que el recibido en Bankia y NCG para los empleados de la antigua Caixa Catalunya. Éstos han escrito al ministro de Economía, Luis de Guindos. Y nada. Tampoco la inédita manifestación de 4.000 empleados y sus familias vestidos de luto.

Los sindicatos admiten que en Bankia, la oferta de salida (22 días y 14 meses) distó mucho de lo finalmente conseguido. Pero en el caso de la entidad catalana subrayan que lo habitual es que a estas alturas de la negociación la empresa haya cedido en algo.

La dirección ofrece peores condiciones que en Bankia y NovaCaixa Galicia

El FROB no aclara por qué las condiciones de este despido masivo son inferiores a las de las otras dos nacionalizadas. En julio, su director general, Antonio Carrascosa, dijo en Barcelona que el ajuste se realizaría antes de octubre —fecha prevista para la nueva venta— y lo calificó de “muy necesario”. Debería haberse hecho antes, añadió. El FROB recuerda ahora las exigencias de Bruselas —el plan de reestructuración exige el “uso más eficiente de recursos públicos” y que las indemnizaciones se aproximen al “mínimo legal” aunque habla de “flexibilidad”—, mantiene que se está en pleno proceso negociador y no da más explicaciones. La dirección de CatalunyaBanc tampoco hace declaraciones, huyendo de “debates paralelos” a la negociación.

Pero fuentes del sector financiero dan claves para explicar la diferencia. Además de las exigencias de Bruselas, aseguran que ahora la actitud del FROB es “ejemplarizante”. El Gobierno debe cumplir sus propias leyes, como la reforma laboral y el decreto de prejubilaciones de marzo, dicen. Otras fuentes sostienen que en los ERE de Bankia y Nova Caixa Galicia, y pese a estar vigente la reforma laboral, al Gobierno le interesaba más la paz social y que ahora tiene más presión por cerrar la venta con el menor coste. “Son momentos distintos y entidades distintas, esto no es café para todos”, señala otra experta.

El FROB busca ser “ejemplarizante”, dicen fuentes financieras

El secretario general del SEC, el sindicato mayoritario, Jordi Campins, apunta otra razón: “La inexperiencia del equipo de recursos humanos de la antigua caja, que afronta su primera negociación”. “Nunca había visto una estrategia negociadora así, tratando de flecos lo fundamental, que es el número de despidos y las indemnizaciones; mientras dan importancia a cuestiones como el plan social”, explica. Campins añade que pese al tocho de 2.500 folios de documentación que les entregaron y que contienen balances, resultados y auditorías, desconocen datos clave, como el ahorro que persigue el ajuste. Durante la comisión parlamentaria que investiga el hundimiento de las cajas se habló de 180 millones para el ERE y cerrar oficinas, pero sin mayor concreción. “No hemos descubierto nada que no supiéramos”, dice tras bucear entre centenares de folios.

La representante de CC OO, Montse Delgado, sigue perpleja como el primer día: “No me lo explico”. Y considera que las exigencias de Bruselas son una excusa: “Siendo comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, dijo que no exigirían condiciones diferentes”. Delgado es muy crítica con la gestión del ERE y asegura que puede tener consecuencias “negativas para la entidad y su venta”. Si se judicializa, por ejemplo, será un problema para el comprador. “Juegan a que corra el tiempo para negociar a última hora, a ver qué consiguen”, cree Susagna Muns, de UGT.

La alternativa unitaria de los sindicatos SEC, CC OO, UGT y CSICA rebaja los despidos a 1.900 personas, contempla prejubilaciones, bajas incentivadas para los menores de 50 años, reducciones de jornada y excedencias. Sería “el chocolate del loro” al lado de los 12.500 millones del rescate.