La alcaldesa de Cádiz respalda a su concejal imputado por el ‘caso Quality’

Teófila Martínez, alcaldesa de Cádiz, del PP, no tomará medida alguna contra su portavoz y edil de Urbanismo, Ignacio Romaní, quien ha sido llamado a declarar como imputado en el caso Quality Food, que investiga una presunta estafa contra la Zona Franca. Entre otras cosas, la juez quiere saber cuál fue el papel del concejal en la operación de compra por 5,3 millones de la mayoría de acciones de aquella compañía y su intervención en el apoyo que la institución pública dio a la empresa. Ya declaró como testigo, pero el 27 de septiembre tendrá que hacerlo como imputado. "Me causa sorpresa e incredulidad", ha dicho este viernes Martínez, quien ha leído un comunicado para argumentar su defensa. Ha dejado de mirar el papel para dejar constancia de su apoyo personal. "Tengo toda la confianza en él. No voy a tomar ninguna decisión para apartarle de ninguna de sus responsabilidades".

El argumentario del PP, que ha leído Martínez y después ha sido incluido en un comunicado del presidente provincial Antonio Sanz, se basa en un discutible punto. Romaní no puede ser imputado porque en la Zona Franca él, como miembro del comité ejecutivo, no tienen ninguna capacidad ejecutiva individual. "No toma decisiones salvo en el ámbito del órgano colegiado al que pertenece, lo que se llama voto ponderado. Ese comité está formado, al menos por seis personas". Martínez ha añadido que el comité está asesorado por la Abogacía del Estado que, según ella, "no hubiese permitido la toma decisiones en contra de la legalidad porque está contratada para eso y cobra por eso".

Sin embargo, la versión del PP se contradice con la realidad reflejada en el acta del comité ejecutivo del 23 de diciembre de 2003. Votaron cuatro personas ya que otras dos no asistieron. Osuna, como presidente del comité, Romaní y el ex concejal del PP Enrique García Agulló votaron a favor de la compra de la mayoría de acciones, a pesar de que esa no fue la recomendación del abogado del Estado, que propuso realizar un préstamo a la compañía. Los votos fueron individuales y, de hecho, el entonces presidente de la Autoridad Portuaria, José Ramón Pérez Díaz-Alersi, se abstuvo. El argumentario del PP oculta lo reflejado en el acta de aquel día.

Martínez, además, cree que hay una intencionalidad en perjudicar la imagen de Romaní. Lo atribuye a la estrategia de defensa del primer imputado por este caso, el propietario de la empresa Quality Food, Manuel García Gallardo. "Todo el mundo tiene derecho a defenderse. Si tras la instrucción, se confirma que no hay reproche contra el señor Romaní, tomaremos las medidas necesarias contra los que hayan denunciado en falso". La alcaldesa ha lamentado el daño personal que se le está haciendo al concejal, al que ha mostrado, ya sin leer ningún comunicado, todo su respaldo. "Está haciendo una valiosísima labor en la defensa de los intereses de la ciudad".

El PSOE había pedido a Martínez que lo destituyera de su cargo de consejero de Zona Franca porque lo considera incompatible con su cargo de miembro del comité ejecutivo. Los socialistas, además, han centrado este viernes su atención en que la juez, además de a Romaní, también ha llamado a declarar el mismo día, aunque como testigo, al dirigente del PP Jorge Moreno. A finales de 2003 no ostentaba cargo público alguno ni en el Ayuntamiento ni en la Zona Franca, pero aún así estuvo presente en algunas de las decisiones tomadas, como se ha puesto de relevancia en anteriores interrogatorios de la instrucción. "Queremos saber qué pinta yendo a declarar alguien que no era ni concejal ni miembro de la Zona Franca, qué es lo que sabe y en qué contribuyó a lo que sucedió aquellos años", ha demandado el portavoz socialista, Francisco González. El dirigente del PSOE ha recordado que Romaní y el actual director de la Zona Franca, José Manuel Fedriani, fueron llamados primero como testigos y han terminado imputados.