El Supremo corrige al alza el coste de las expropiaciones de Valencia

La política de expropiaciones del Gobierno local en Valencia es económicamente inviable, denuncia la oposición. El concejal Amadeu Sanchis, portavoz del grupo municipal de EU, esgrimió este jueves una sentencia del Tribunal Supremo que corrige al alza los cálculos del Gobierno local del coste de las expropiaciones de suelo en la capital. “La valoración del suelo que hace el Ayuntamiento podría multiplicarse por tres o cuatro”, subrayó Sanchis.

Al lado del concejal, el abogado José Luis Ramos añadió que el fallo judicial afecta de lleno a planes urbanísticos como el del Cabanyal, que prevé la expropiación de 114.000 metros cuadrados de suelo en el barrio para prolongar la avenida de Blasco Ibáñez hasta la playa. “La política del PP en materia de expropiaciones no es asumible económicamente después de este fallo”, agregó Sanchis. El vicealcalde Alfonso Grau enmendó la plana al concejal de EU y replicó que la sentencia del Supremo no afecta al Plan Especial del Cabanyal ni a los planes urbanísticos aprobados, “solo a los terrenos dotacionales que no tienen asignada edificabilidad”.

Ramos se remontó a 2007 y recordó que el PP modificó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valencia para crear las Áreas Urbanísticas Homogéneas, donde se rebajó la edificabilidad y, por tanto, el valor de los suelos. Muchos propietarios de parcelas pintadas en el plan como públicos recurrieron al TSJ valenciano y perdieron. De ahí recurrieron al Supremo. Pero no han sido los particulares los que han provocado la respuesta del alto tribunal sino el propio Consistorio con la presentación de un recurso en 2011 contra un artículo del reglamento de la nueva Ley del Suelo que redactó el entonces Gobierno del PSOE.

El Supremo se pronuncia sobre los suelos dotacionales públicos y, de paso, aclara cómo se calcula correctamente el coste de expropiar solares urbanos edificables porque el Consistorio lo hacía mal.

El Consistorio ha sido condenado a pagar 10.000 euros de costas

El Ayuntamiento sumaba a los solares edificables, los públicos —donde van zonas verdes o viables—, con lo que rebajaba el índice y el valor económico de la expropiación. El alto tribunal le ha dicho que la ley del Suelo en vigor no permite esa fórmula. Luego, las expropiaciones a partir de ahora serán más caras, subrayó el concejal de EU. El Supremo le ha condenado a pagar 10.000 euros de costas.

Si el Consistorio presupuestó el coste de las expropiaciones del Cabanyal en casi 54 millones de euros, con la sentencia el precio se dispararía hasta los 800 millones, según Ramos. El plan tiene pendientes un 60% de las expropiaciones. Los efectos de la sentencia se extienden a toda la ciudad, no solo al Cabanyal.

El número dos del Gobierno local, Alfonso Grau, respondió que la sentencia “no afecta en absoluto al Pepri del Cabanyal ni a los planes urbanísticos aprobados, por tanto, lo que afirma EU no es más que una interpretación interesada y sesgada”. El vicealcalde agregó que la regla para calcular la edificabilidad según la ley en vigor se aplica “solo a los terrenos dotacionales” públicos. “No es el caso del plan del Cabanyal, donde todo el suelo a expropiar está dentro de unidades de ejecución que tienen calculado su propio aprovechamiento”.