El exbufete de los médicos asegura que su despido fue “sorpresivo”

El bufete López Rodó & Cruz Ferrer, al que la asociación de médicos Afem —la más activa en la marea blanca contra la privatización sanitaria— encargó la ofensiva jurídica para detener el proceso de entrega de seis hospitales a la gestión privada, asegura que su despido se comunicó “de forma sorpresiva e inesperada”. La junta directiva de Afem revocó los poderes de este bufete a finales de agosto y se los entregó a otro despacho de abogados, Liria 9. El bufete aseguró ayer, en una respuesta por escrito, que “diseñó y planificó una serie de actuaciones jurídicas en diferentes ámbitos” siguiendo “las preocupaciones y sugerencias de Afem”.

López Rodó & Cruz Ferrer recuerda también que su trabajo “ha dado importantes resultados” y menciona la suspensión de la convocatoria y los pliegos de la privatización de seis hospitales, la admisión íntegra de una querella penal o el inicio de actuaciones ante la Comisión Nacional de Competencia. El bufete indica que, debido al “respeto escrupuloso de los deberes de confidencialidad y secreto profesional” no puede dar más detalles sobre lo que ha sucedido con sus clientes, con los que llevaba trabajando desde el mes de febrero pasado. También señala que trabaja “en todas las áreas del derecho, teniendo una solvencia y especialización acreditada”.

De las múltiples causas abiertas en los juzgados contra el proceso de privatización de la gestión de seis hospitales, las de Afem son las que hasta ahora han tenido más éxito. Un recurso basado en la protección de los derechos fundamentales de los pacientes propició que el titular del juzgado contencioso administrativo número 4 suspendiera el proceso el pasado día 3. La estrategia de Afem también ha ido por la vía penal, al plantear una querella que ha sido admitida a trámite y ha supuesto la imputación de la cúpula sanitaria —dos exconsejeros y dos altos cargos actuales— que dirigía la Consejería durante la primera ola de privatizaciones.

Afem asegura que con el cambio de abogados “persigue conseguir el objetivo principal, que es detener la privatización y reordenar la sanidad pública, de la mejor forma posible”, explicó ayer en su cuenta de Twitter. Una portavoz explicó a EL PAÍS que las “desavenencias” con el bufete fueron las que motivaron el cambio y aludió a la falta de experiencia de los abogados en cuestiones penales.

El coordinador del nuevo despacho, Miguel Ángel Muga, explicó ayer que habrá “entre tres y cinco abogados” dedicados a los tres contenciosos y la querella penal que Afem tiene en los tribunales. “Hemos pedido la venia y estamos en todos los procedimientos. La estrategia aún se tiene que definir”, apuntó. Muga subrayó que el proceso de privatización está detenido y que si la Consejería de Sanidad da algún paso administrativo “podría incurrir en desobediencia a la autoridad judicial”. El departamento que dirige Javier Fernández-Lasquetty interpreta que la suspensión que decretó el juzgado número 4 no tiene efecto, porque las adjudicaciones ya eran firmes cuando se dictó el auto. Sin embargo, los contratos con las concesionarias aún no están firmados. Y según Muga, no podrían firmarse porque se estaría contraviniendo la resolución judicial.

Afem denunció ayer que, “a pesar del auto de suspensión cautelar”, Ribera Salud, adjudicataria de dos hospitales, “ha reanudado los contactos con el personal” y se ha entrevistado “en las instalaciones de los hospitales con varios jefes de servicio para conocer la situación actual y planificar de cara al futuro”. Una portavoz de Ribera Salud reconoció ayer que esos contactos existen, pero precisó que “no se están tomando decisiones ni gestionando nada”. Se trata de “reuniones de trabajo con equipos directivos”, añadió. Esta empresa cerró las “oficinas técnicas de asesoramiento” que había abierto en los centros al día siguiente de conocerse el auto. Asegura que no ha hecho más entrevistas de trabajo desde entonces.