El juez avala la política de personal del Ayuntamiento de Ourense

Ni hubo desviación de poder ni contratos irregulares en el Ayuntamiento de Ourense. La demanda estrella del PP —el contraataque que llevó a cabo coincidiendo con la imputación de José Luis Baltar por la supuesta prevaricación al contratar a dedo a 104 personas en la Diputación Provincial— contra el gobierno socialista de la ciudad no ha prosperado. El Juzgado contencioso-administrativo número 1 de Ourense ha resuelto, en tres sentencias, que no aprecia “desviación de poder” en la actuación municipal y no se debe prohibir al Ayuntamiento realizar nuevas contrataciones.

Los populares, encabezados por el portavoz municipal, Rosendo Fernández, y con el respaldo del abogado del Estado que impugnó ocho contratos de la lista que el PP registró en la Subdelegación del Gobierno, denunciaron la “nefasta política de personal! del gobierno municipal, en pleno caso Baltar, con la esperanza de que el supuesto delito de prevaricación que sentará en breve al viejo cacique en el banquillo se hiciera extensible a los socialistas. El juez les ha quitado la razón. Entiende que “no se ha acreditado que la contratación impugnada se haya realizado con la finalidad manifiesta de incumplir la normativa” y rechaza la pretensión del Gobierno y del PP de que se impida a la Administración local realizar nuevos contratos.

Las sentencias precisan que los expedientes de contratación “no se ajustaban totalmente a los aspectos formales requeridos por la normativa” en el caso de dos conserjes de centros escolares, dos operarios de cementerios, un empleado en el área de Benestar Social y un topógrafo de Urbanismo. De esta forma se viene abajo la denuncia del PP sobre la presunta contratación ilegal de 34 personas que habría vulnerado un Real Decreto que impedía dar de alta a empleados sin justificaciones de urgencia. El gobierno local, que preside el socialista Agustín Fernández, alegó ante el juzgado la “necesidad” de los contratos para mantener “servicios públicos esenciales”.

En su denuncia política, suscrita después judicialmente por el representante del Gobierno en Ourense, el PP aseguró que el gobierno local “coge a quien le da la gana por la puerta de atrás”. El PP, que vetó en la Diputación una comisión de investigación sobre el supuesto enchufismo de Baltar, llegó a presentar en el pleno municipal una moción para “evitar el incumplimiento de los principios de igualdad de oportunidades en el acceso al empleo público”.