La ‘mina de cobre’ de Telefónica saldrá a subasta por 60 millones

Las persecuciones por el edificio pueden ocasionar alguna torcedura de tobillo. Eso en el mejor de los casos. La que fuese sede emblemática de Telefónica en Barcelona se ha convertido en una carrera de obstáculos, con suelos levantados, cristales rotos y agujeros en los que algún día pasaban los cables del suelo técnico del inmueble. El edificio, abandonado en medio de la avenida de Roma, en su cruce con Calàbria, parece interesar ya solo a grupos de personas que viven de vender cobre. Y puede que también a algún inversor inmobiliario: los administradores concursales de la compañía propietaria prevén sacarlo a subasta por 60 millones, casi cuatro veces menos que el precio por el que se compró en plena burbuja del ladrillo, en 2007.

Durante horas y horas, armados con cúter, tenazas, alicates y herramientas similares, los ladrones de cobre se dedican a pelar todo aquello con visos de contener el metal cobrizo. Desde junio, los Mossos d’Esquadra han detenido a 82 personas que han entrado en el edificio, sin mayor complicación, y lo han saqueado. Eso supone más de una persecución, y la frustración asegurada de que sin un perjudicado que denuncie el robo, todo queda en nada.

Tampoco se puede culpar a los que dedican su tiempo en llevarse el mineral: a nadie parece importarle. Telefónica vendió el edificio, de 38.000 metros cuadrados, en 2007 por 220 millones. Iba a convertirse en un inmueble de lujo, con 350 pisos, locales comerciales y un aparcamiento subterráneo. De aquel plan solo quedan cristales rotos, un edificio envejecido y una compañía, Cerep Investment, en concurso de acreedores.

Los bancos alegan que el precio de salida es muy bajo y no cubre la deuda

Cerep Investment es una filial del grupo de capital de riesgo Carlyle Real Estate Partners, que hizo diversas inversiones en la etapa del boom inmobiliario en España. Pero con la crisis, el futuro del conocido como edificio Estel también se vino abajo. Cuatro bancos poseen una deuda de la compañía, por valor de 180 millones.

El administrador concursal de la compañía, el abogado Agustín Bou, del bufete Jausas, critica que Carlyle no dejase ni siquiera “seguridad por seis meses”. Ahora se encuentran con un edificio abierto a quien quiera, con la policía presionando por los continuos avisos de los vecinos y con los bancos reclamando lo que les deben. “Espero que la semana que viene ya haya seguridad”, afirma Bou. Después de la insistencia policial, los administradores han buscado una solución. “La caja está a cero”, aseguran. Así que han tirado de imaginación: una empresa de recuperación hará una propuesta de desmontaje del cobre del edificio y con lo que ganen, pagarán la seguridad.

“Intentaremos poner algo a base de sensores y algunas rondas de vigilancia de vez en cuando”, explica. Aunque también avisa de la necesidad de que el edificio salga cuanto antes a subasta: “No tenemos capacidad económica para pagar la seguridad de ese edificio durante seis meses”.

La intención de Jausas es que el proceso judicial se resuelva cuanto antes. Ya cuentan con cartas de interés de siete clientes potenciales. “Gente muy solvente en el mercado inmobiliario”, explica Bou. Por eso pide que el edificio salga a subasta por 60 millones, que es el precio que estos aseguran que es el de mercado. Pero los bancos han recurrido —no cubriría ni la mitad de la deuda— y piden más tiempo en el proceso.

El saqueo del edificio empezó el pasado junio. Los Mossos d’Esquadra no saben muy bien por qué en esa fecha, pero el caso es que los vecinos empezaron a avisar a la policía de que las entradas y salidas del mastodóntico inmueble eran habituales. El jueves 25 de julio, los agentes detuvieron a cuatro personas, que estaban en los bajos del edificio pelando cobre para llevárselo.

El siguiente incidente no se hizo esperar: cuatro días después, las patrullas de seguridad ciudadana se presentaron de nuevo en la avenida de Roma, alertadas por los vecinos. Dentro del inmueble encontraron a 12 personas preparadas para sacar gran cantidad de metal de allí. Eran las tres de la tarde, y tenían listos diversos carritos y sacos con los que arrastrar el cobre. Al ver a los policías, los ladrones, con antecedentes por los mismos hechos, empezaron a correr por la antigua sede de Telefónica, convertida ahora en carrera de obstáculos.

Unos ladrones escharon a correr por el edificio al ver a los Mossos

La siguiente ocasión llegó tan solo una semana después. Los Mossos detuvieron a 19 personas, a las que pillaron in fraganti, con 1.000 kilos de cobre a los que iban a dar salida a través de los recuperadores. Eran las seis de la tarde de un miércoles. Cuando los agentes entraron en el edificio, encontraron en la planta menos cuatro a unas 30 personas cargadas con todo tipo de material. Su presencia ocasionó una gran huida y solo pudieron detener a una parte de ellos.

El último gran asalto al cobre del que los Mossos tienen constancia fue el miércoles 26 de agosto. De nuevo, a plena luz del día, a las dos y media de la tarde, un amplio grupo de personas fue visto por los vecinos entrando al edificio por el agujero enorme que tiene una de sus cristaleras. Cuando llegaron al inmueble, los policías encontraron a los hombres cargados con sacos, bajando las escaleras. Detuvieron a 11 personas. A las dos de la madrugada, tras un nuevo aviso, arrestaron a 15 personas más. Tres de ellos pretendían llevarse el cableado de una subestación de Telefónica, anexa al edificio, que sigue funcionando. De haberlo conseguido, podrían haber dejado sin servicio a más de 5.000 personas.

Desde entonces, no hay día que no haya alguna identificación por el mismo motivo. El goteo constante de robos y la inseguridad que supone un edificio en ese estado es lo que apremia tanto al administrador concursal —que se hizo cargo del inmueble en mayo— como a los policías. Ahora, la antigua sede de Telefónica sigue siendo pasto de personas que pacíficamente se llevan el cobre.