AFEM confía en que la suspensión cautelar se convierta en “permanente”

El colectivo que está detrás de la segunda suspensión cautelar del proceso privatizador de la sanidad madrileña, la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM), está hoy de enhorabuena, junto al resto de los colectivos profesionales que han impulsado la marea blanca contra la medida. Sienten, en palabras de una de las portavoces de AFEM, Patricia Alonso, una "satisfacción total y absoluta" al ver que un juez les acaba de dar la razón en los argumentos que vienen defendiendo con uñas y dientes en los 10 meses de conflicto con el Gobierno regional.

Alonso ha querido "felicitar lo primero de todo a los miles de madrileños" que les han acompañado en estos 10 meses de huelgas y mareas porque, a su juicio, es un "triunfo de ciudadanía" aunque los profesionales sean "los que han ido a la cabeza" de las movilizaciones. "Estamos ahí porque la sociedad ha estado detrás", añade. "Por fin la justicia nos ha dado la razón en lo que hemos venido denunciando desde hace muchos meses, en que si se lleva a cabo el proceso de privatización el daño será irreversible y en que el proceso es del todo innecesario, porque no va a conducir a una mejora en la calidad y porque en ningún momento se ha demostrado que vaya a ser tampoco más eficiente". Estos dos son los principales argumentos del Gobierno de Madrid para justificar que seis de los nuevos hospitales pasen a ser de gestión privada. Los concursos están ya adjudicados después de que tres empresas se presentaran sin hacerse la competencia entre sí. El fallo, contra el que cabe recurso, se produjo ayer, a penas una semana del traspaso efectivo de competencias.

"El fallo es para ponerle un 10 al juez y al fiscal. Es muy contundente y subraya la irreversibilidad de un nuevo modelo de gestión de un servicio que deja de ser público y que afecta al 20% de la población madrileña y mueve millones de euros", apunta Alonso, que hace hincapié en que el juez "deja bien claro que el Gobierno regional no puede justificar la privatización de un servicio como consecuencia de su admitida incompetencia para gestionarlo mejor". Ahora se abre un plazo de plazo de 15 para presentar recurso, tras el cual AFEM espera y desea que la medida "pase de cautelar a definitiva". "Confiamos, por la contundencia mostrada por el fiscal y el juez, en que la paralización sea permanente.

Es más, AFEM avanza que "hay tantos recursos, en el TSJM, el proceso penal, el de los derechos fundamentales que es este, en el Constitucional, la impugnación del proceso de reordenacion de personal..." que "puede que esta suspensión sea solo la primera". Queda por conocer si el fondo de la cuestión "la resuelve este juzgado o instancias superiores". Alonso ha pedido, por ultimo, que se aplique la sentencia y las tres empresas adjudicatarias —BUPA Sanitas, Ribera Salud y la portorriqueña HIMA San Pablo— abandonen los hospitales hasta que se revuelva el recurso. "Nos consta que siguen esta misma mañana teniendo entrevistas con el personal de los centros, a día de hoy las empresas no han abandonado los centros y es vergonzoso".

Por su parte, la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts) también se ha felicitado por la decisión. En una nota, recuerda que el proceso de privatización ha concitado el "rechazo frontal de la totalidad" de los sanitarios de la región y de un "numerosísimo sector de la población, que llegó a respaldar con más de un millón de firmas" su negativa a esta "expropiación de la sanidad pública".

Amyts recuerda los numerosos recursos presentados contra esta medida, entre ellos otro  contencioso administrativo de esta misma asociación presentado en el juzgado 32 de la capital, y destaca que es motivo de satisfacción que prosperen algunos, "dado que representa el triunfo de la razón y el derecho sobre la obcecación privatizadora del Gobierno de la Comunidad de Madrid, alimentada exclusivamente por su ideología hiperliberal que busca acabar con todo vestigio del Estado de Bienestar". La asociación ha mostrado su confianza en que los juzgados marquen "el principio del fin de este proceso injusto, carente de legalidad, no justificado y al que se oponen profesionales y ciudadanos".

La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (Adspm) también se ha congratulado por esta una "buena noticia" que permite detener "este proceso tan negativo" para la Sanidad Pública. A juicio de Adspm, el proceso de privatizaciones está "lleno de irregularidades y anomalías", lo que manifiesta "la inutilidad del señor Lasquetty y sus correligionarios de la Consejería de Sanidad".

La decisión es "un paso de gigante" para la Plataforma Asamblearia de Trabajadores y Usuarios por la Salud (Patusalud) tras 10 meses "lucha y trabajo". La plataforma pide  "prudencia" al saber que la Consejería de Sanidad "hará uso de todos los medios posibles para seguir con sus planes, y pondrá a disposición de los jueces todas sus alegaciones para revertir la decisión de los tribunales".