Turistas de andar por casa

Raúl, de 27 años, trabaja en una ONG a caballo entre Valencia y otras capitales. Viaja con frecuencia a Madrid pero no pisa ni hoteles, ni hostales, ni albergues ni casas de amigos. No, al menos, desde que se enteró de una nueva forma de alojamiento que arrasa en las grandes capitales. Rastreó la web en busca de alguna oferta que cuadrara con sus planes. Llegó hasta dondedormir.org y encontró el anuncio de Pablo (nombre ficticio), un desempleado de 36 años que alquilaba su casa para alojar turistas por 45 euros la noche. Ahora cada vez que Raúl viaja a Madrid repite alojamiento. “Es como estar en mi casa, pero en otra ciudad”.

Lo que Pablo empezó haciendo puntualmente se ha convertido en algo habitual y muchas veces incluso pasa parte de su tiempo libre con los huéspedes. “Es un servicio que nunca te podría dar un hotel”, argumenta. Les enseña la ciudad, sale con ellos, les presenta a amigos y, en definitiva, hace más agradable su estancia. La mayoría son norteamericanos y viajan en pareja. Sin ir más lejos, hoy ha quedado con cuatro canadienses para tomar algo.

El de Raúl, un caso que habría sido catalogado como extraño años atrás es, en 2013, una auténtica tendencia al alza. Hasta 2008, los pisos solo se alquilaban para estancias de meses o años pero la irrupción de los motores de reserva (como Booking.com o Airbnb.com) introdujo un nuevo modelo, más flexible, al que ya se han sumado 4.000 propietarios madrileños: alquilar un piso entero o por habitaciones para estancias de días o semanas. El año pasado, 31 millones de turistas pernoctaron en alojamientos no reglados en Madrid —casas de amigos o pisos alquilados—, según el anuario de La Caixa. En otras palabras: nada menos que el 58% de nuestros visitantes evitaron alojarse en hoteles y hostales.

Raúl y el resto de huéspedes de Pablo “nunca” han tenido problemas con los vecinos, pero esta no parece ser la tónica general. Roque Rodrigo, residente en el barrio de Chamartín, relata las “tensas” relaciones entre los vecinos y los turistas que se hospedan en un dúplex de su bloque atraídos por el anuncio en el que su propietaria relata las bondades de la casa “de lujo” en varias páginas: “Habitaciones elegantes con aire acondicionado y conexión wifi gratuita, luminosas, con vistas a la ciudad”. Todo esto, por menos de 60 euros por noche.

Los datos que aporta la página líder mundial en el mercado, Airbnb.com, son aplastantes. Sus reservas en Madrid se han triplicado en el último año y ya es una de las ciudades europeas con mayor crecimiento. Por cada reserva, Airbnb cobra un 3% al anfitrión y entre un 6% y un 12% al huésped. A cambio, el arrendador se garantiza la tranquilidad de tener la casa asegurada contra robos, actos de vandalismo o daños.

Los que no recibirán compensación alguna por las potenciales molestias son los vecinos del inmueble. Rodrigo lamenta que los huéspedes que se alojan en el dúplex hacen uso de la piscina alegando ser “amigos” de la dueña. Aparentemente, esa es la consigna que la propietaria transmite a todos ellos. El uso de los espacios comunes es, sin embargo, el menor de los perjuicios a los que se enfrentan. Otros vecinos consultados denuncian ruidos, llamadas por el telefonillo de madrugada y hasta despedidas de soltero en uno de los pisos de su bloque. La comunidad de vecinos ya se ha quejado a los propietarios del inmueble, pero afirma no disponer de “ninguna medida de presión efectiva” para revertir la situación.

El crecimiento exponencial de este tipo de alojamiento y las protestas del gremio hostelero, principal perjudicado, hicieron saltar las alarmas de la Administración el pasado junio y lograron que se cambiara la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) —de índole estatal—. Ésta dejó de amparar las viviendas de uso turístico bajo el epígrafe de “alquiler por temporada” y transfirió a las comunidades autónomas la capacidad legal para regular el sector. El mes pasado, la Comunidad de Madrid prometió a los hosteleros un marco legal “para antes de final de año”, en aras de evitar la competencia desleal que denuncia el sector. De momento, los agentes consultados desconocen el contenido de esa nueva ley y la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura afirma que “están trabajando en ello” sin aportar más detalles sobre el futuro texto.

Las opiniones sobre esta práctica alegal se dividen entre los que piden un marco legal estricto, como el presidente de la Asociación de Empresarios del Hospedaje de Madrid, Jesús Martín, y los que creen que es absurdo poner puertas al campo y señalan que la clave reside en adecuar las normas a una realidad que ha venido para quedarse. En este segundo grupo se encuentran Paco Nadal y Joantxo Llantada. El primero, periodista y escritor de viajes y usuario confeso de este servicio de alquiler entre particulares, esgrime que Internet lo ha cambiado todo y “ahora le toca el turno a la industria hotelera”. Nadal pone el foco sobre los empresarios del sector, “que son los que deben adaptarse al nuevo paradigma” ofreciendo sus servicios en las mismas plataformas que los dueños de estos apartamentos en alquiler. “No sirve aferrarse a las viejas normas: es un vendaval que llega y lo cambia todo”, concluye.

Llantada, analista de tendencias en mercados y experto en márketing turístico ve este fenómeno —“estrechamente ligado a la irrupción de las aerolíneas low cost y las nuevas tecnologías”— como algo, por el momento, minoritario pero que ha dado lugar a un cambio de modelo en el sector hotelero. “Los hosteleros deben elegir entre adaptarse a esta nueva realidad o cerrar”, asevera en referencia a este cambio que, según él, forma parte de la evolución normal del mercado. Para Llantada, la única novedad es que este tipo de alquileres haya llegado a las grandes capitales, como Madrid. “En pequeños pueblos de Pirineos y en la costa toda la vida ha habido familias que conseguían ingresos extras alquilando habitaciones de su casa de pueblo y nunca nadie se quejó”, argumenta.

En Nueva York, el lobby de los hosteleros lleva años poniendo el grito en el cielo contra estos alquileres y ha logrado que el Ayuntamiento de la ciudad prohíba este tipo de prácticas si no cuentan con los pertinentes permisos o si su dueño no declara el ingreso. En caso de incumplimiento, las multas llegan hasta los 30.000 euros. En el lado contrario, el ministerio de la vivienda danés y las alcaldías de Hamburgo y Ámsterdam han refrendado la “completa legalidad” de este tipo de alquileres. Ahora, Madrid debe decidir entre seguir los pasos de Nueva York, inclinarse por el modelo centroeuropeo u optar por una fórmula de regulación que garantice los derechos de los vecinos, evite la competencia desleal y logre un correcto tratamiento fiscal de esta rama de consumo colaborativo.