Moragues no tiene intención de prorrogar el decreto Vela

El consejero de Hacienda y Administración Pública, Juan Carlos Moragues, ha asegurado que "la intención es no prorrogar el decreto Vela, pero también hay que ver un poquito la situación" a la hora de decidir sobre los recortes a los empleados públicos incluidos en la norma cuya vigencia expira el 31 de diciembre este año, algo que prevé hacer "a partir de septiembre, en el proceso de elaboración de los presupuestos y, sobre todo, hablando con los sindicatos".

En una entrevista concedida a Europa Press, mantiene que "es normal que se hable de estas cuestiones dada la situación actual" aunque, en su opinión, "aún no ha llegado el momento de hablar del decreto Vela". "Eso se verá en septiembre, no hay nada estudiado ni decidido", sentencia al respecto.

"Yo creo mucho en el diálogo social, siempre que sea constructivo porque no puede ser 'no a todo lo que dices'", asevera Moragues, quien considera que los sindicatos, por su representatividad institucional, "tienen que opinar y tener una posición constructiva en el sentido de aportar ideas para mejorar la situación, partiendo de un análisis realista y responsable de la situación actual".

Así, apela a la "corresponsabilidad" de estas organizaciones y apunta que "pueden hacer planteamientos totalmente irreales, pero no es responsable". "Hay que saber cuál es la situación y cuáles son las opciones y las alternativas", añade el consejero.

Moragues llevó a cabo en julio una ronda de reuniones con representantes sindicales y pretende retomar esos contactos en septiembre, al considerar que "hay muchos temas de los que hablar con los sindicatos, uno de ellos el decreto Vela".

Sobre esta cuestión remarca que, a día de hoy, "la situación es que el 31 de diciembre el decreto deja de tener efectos" y que, durante la elaboración del presupuesto, mantendrán "intensas negociaciones con los sindicatos" en las que van a "ponerlo todo encima de la mesa". "Hay que hablar hacia dónde queremos que evolucione la administración, qué queremos que sea la administración del futuro y cómo estructurar el plan de redistribución de cargas de trabajo", subraya.

Moragues avanza que, en ese proceso de "adecuar la administración a la situación actual, hacerla más moderna y más flexible, habrá unos puestos que habrá que amortizar, otros puestos que habrá que convocar y a lo mejor habrá que reducir el índice de interinidad".

"Tenemos que plantearnos qué queremos de nuestra administración de futuro, y eso hay que hablarlo con los sindicatos", insiste el consejero, quien valora que estas organizaciones, "en determinadas materias, son conscientes de la situación y de los pasos que hay que dar, y también

aportan ideas y quieren ayudar".

Respecto a la posibilidad de forzar a los funcionarios a jubilarse a los 65 años, reitera que "muchas comunidades autónomas han suspendido la posibilidad de prorrogar la edad legal de jubilación y es normal que se pueda llegar a plantear".

Al respecto, precisa que se habla de "una regulación en términos generales, luego hay que ver las especificidades" por sectores, que posteriormente "podrían establecer su propia regulación".

En este punto, remarca que "no se puede decir que se amortiza enseguida la plaza del que se jubila porque igual creas dos para incentivar ese puesto en el nuevo diseño de administración" y cita las áreas de informática y lucha contra el fraude fiscal como ejemplos de "campos que a lo mejor habría que impulsar", mientras que "en otras a lo mejor se necesita menos gente".

El titular de Hacienda argumenta que "hay que adaptarse, hacer un diagnóstico y ver determinados puestos que cuando se jubilen se amortizarán porque el personal que quede será suficiente, y otros que no", y apunta que, a su juicio, "ningún representante sindical va a estar en desacuerdo de evolucionar hacia una administración más competitiva, más cualificada, más moderna y más electrónica".

Preguntado acerca de si esta medida se plantea en términos de ahorro de costes o del diseño de esa futura administración, Moragues explica que se enmarca en "ambas cosas" y recalca que "hay que evolucionar hacia una administración más pequeña, de menor coste, muy cualificada, al servicio de los ciudadanos y más flexible". "Y eso no cambia de una día para otro, es un proceso muy largo", concluye.