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Los pescadores de Cádiz exigen la ratificación del acuerdo con Rabat

Arias Cañete califica el pacto de “cuestión de Estado” para pedir el apoyo unánime

Barcos de Barbate, amarrados a puerto. Ampliar foto
Barcos de Barbate, amarrados a puerto.

Unos 600 tripulantes de 44 buques de las modalidades de cerco y palangre están pendientes de que el Parlamento Europeo ratifique el acuerdo pesquero alcanzado el pasado 24 de julio entre Bruselas y Rabat. El temor del sector está justificado porque un pacto similar fue rechazado en 2011 al considerar Estrasburgo que se vulneraba el derecho internacional y que el pueblo saharaui no recibía beneficio alguno de los 36 millones de euros que Marruecos obtenía como compensación. El ministro de Pesca, Miguel Arias Cañete, celebrará una ronda de contactos con los líderes de los partidos para pedir un apoyo unánime. “Es una cuestión de Estado”, argumenta.

Cañete considera que hay diferencias con el anterior acuerdo porque el nuevo, según afirma, “incluye los reconocimientos que la Cámara consideró necesarios cuando, en diciembre de 2011, denunció el anterior convenio”.

El debate sobre la validez del nuevo tratado está a la espera de una sesión plenaria que se puede convocar entre los meses de octubre o noviembre.

Alfonso Reyes, el patrón mayor de la cofradía de pescadores de Barbate, el puerto que más se beneficiará del tratado, pide “un nuevo enfoque” y “que todos vayan de la mano”. Defienden el acuerdo con cifras: entre abril de 2007 y diciembre de 2011, la flota andaluza que operó en aguas saharianas obtuvo 25,6 toneladas de pesca, con un valor de 55 millones de euros. En el periodo anterior, entre julio de 2002 y marzo de 2007, sin acuerdo con el país vecino, la misma flota capturó en el caladero local del golfo de Cádiz 18,3 toneladas que alcanzaron un valor de mercado de 22,7 millones.

La insuficiente alternativa del golfo

A la espera de la reanudación de la actividad en Marruecos, la flota ha encontrado una alternativa provisional en el golfo de Cádiz, sometido a férreos controles tras años de esquilmación de los recursos. Lo flota tiene establecido un tope de capturas anuales para las especies disponibles en la zona (boquerón, jurel, merluza, gallo, bacaladilla, cigala y caballa) de 2.200 toneladas. De mantenerse el actual ritmo de capturas, al tope se llegará el próximo mes de septiembre.

“Hasta ahora llevamos consumido el 80% del total y calculamos que el 20% restante nos permitirá continuar en el caladero por espacio de dos o tres semanas más”, admite Alfonso Reyes, patrón mayor de Barbate. A partir de ese momento, la flota deberá regresar a puerto y quedar inactiva.

En previsión de este escenario, el Ministerio de Pesca español ha anunciado contactos con el Gobierno de Portugal, para la compra de parte de la cuota que Bruselas ha adjudicado a las flotas lusas que operan en las aguas del golfo de Cádiz, pero esa alternativa está aún abierta.

La situación, sin Marruecos, aún puede empeorar con la entrada en vigor, a partir de 2014, de la nueva Política Pesquera Comunitaria, que incorpora medidas ambientales dirigidas a la recuperación de los bancos de pesca en aguas propias. La Unión Europea estudia la desaparición progresiva de las ayudas al desguace del excedente de flota y ha rechazado la solicitud española para modificar la definición de pesca artesanal, con mayores niveles de protección que la industrial.

La UE mantiene la categoría de artesanal para pesqueros de menos de 12 metros, lo que excluye a la mayor parte de las embarcaciones de bajura de la flota andaluza, construidas con una eslora de 15 metros. Estas nuevas dificultades añaden más argumentos a los pescadores para reclamar un acuerdo con Marruecos.

Los datos, recogidos en estadística oficial de la Consejería de Pesca de la Junta de Andalucía, demuestran en opinión de los armadores, que el convenio supuso un incremento del 40% en la cantidad de pesca y de 63,3% en los ingresos del sector. En total, la flota andaluza obtuvo 21 millones más de beneficio neto con la venta del pescado. Este aumento quedó también reflejado en la actividad de las lonjas. Las que mayor crecimiento de ventas experimentaron fueron, durante la vigencia tratado, las de Cádiz, Barbate (Cádiz) y Estepona (Málaga).

Barbate fue la que más creció, ya que comercializó durante los casi cinco años de validez del acuerdo 4,8 millones de kilos de pescado por un valor de 14,6 millones de euros frente a los 465.000 kilos y 651.000 euros de los cinco años anteriores, en los que no fue posible faenar en el fondeadero marroquí.

Los estudios realizados por el sector añaden que los beneficios de faenar en los caladeros marroquíes no son solo cuantitativos. La calidad del boquerón y la sardina, que representan el 92% de las capturas de la flota de cerco andaluza, es mucho mayor y su precio de mercado, también. De hecho, el valor del boquerón marroquí es un 70% superior al de los ejemplares locales que, además, proceden de un caladero, el del golfo de Cádiz, esquilmado y con menores tallas. De la misma forma, el valor de las sardinas del área sahariana es un 25% más elevado que el de las procedentes del caladero español.

También defienden los pescadores, para ratificar el acuerdo, que el equilibrio económico de la zona es inestable y muy vulnerable: la mayor parte de los 600 trabajadores de los 44 barcos que faenarían en el caladero marroquí están censados en el puerto de Barbate, una localidad cuya dependencia de la pesca ha quedado en evidencia tras la pérdida del anterior tratado. De hecho, una vez que el Parlamento Europeo denunció el anterior tratado, en diciembre de 2011, la caída de ventas experimentada por la lonja de provocó que la cofradía de pescadores, al perder los ingresos previstos, no pudiera hacer frente a los gastos comprometidos y se llegó al embargo de las instalaciones por parte de la Junta, que en la actualidad la explota a través de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía.

Con la pérdida de Marruecos, y del negocio de comercialización de pescado, el muelle de Barbate vio desaparecer, además, ventas semanales por valor de 1.230 euros en concepto de combustible, 1.600 euros en hielo, 615 euros en envases para la conservación del pescado y 400 euros en víveres, según un estudio de la Junta.

Estas circunstancias justifican el interés del sector por la recuperación de una zona pesquera de la que, según los residentes en la zona, depende la supervivencia de buena parte de la economía local, dependiente históricamente del mar.

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