Aigües de Cullera cortará el servicio de agua de 200 familias por impago

Cerca de 200 familias que viven en el municipio de Cullera, en la zona conocida como Faro del Mediterráneo, se quedarán sin agua potable a partir de este jueves a las 8.30 de la mañana por una deuda de 164.000 euros, que se arrastra desde 2009 con la suministradora de servicios Aigües de Cullera. En marzo de ese año se disolvió la cooperativa de vecinos responsable de gestionar la factura del único contador de agua de la urbanización y cobrarla entre todos los vecinos. A partir de entonces, ninguna entidad o asociación sustituyó esta cooperativa y las familias dejaron de pagar las facturas.

El problema, sin embargo, “viene desde hace mucho tiempo”, según cuenta Carlos Rosat, administrador del edificio El Volcán, afectado por el corte de agua. Se trata de una zona de 250.000 metros cuadrados en el punto más alto la Montaña de Cullera, cuya urbanización, una vez concluida en 1976, no fue “recepcionada” por el Ayuntamiento, según explica. Es decir, el Consistorio no asumió las responsabilidades de mantenimiento de la infraestructura construida -calles, aceras, tuberías, red eléctrica, entre otras-, lo que ha supuesto que se deteriorara a lo largo de los años. 

La Cooperativa de Propietarios Faro del Mediterráneo asumió las responsabilidades de representar a las familias junto al Ayuntamiento. Entre sus atribuciones estaba la de recibir la factura de Aigües de Cullera, que pertenece al Ayuntamiento de Cullera (el 51%) y a la suministradora Aigües de Barcelona (el 49%). Una vez disuelta la cooperativa en marzo de 2009, las familias han buscado a lo largo de cuatro años una solución para el problema, asegura Rosat. 

El gerente de Aigües de Cullera, Massimo Marras, explica que la empresa envía una notificación en el momento que se acumulan dos facturas sin pagar. A continuación corta los servicios de agua. “Pero en cuanto disolvieron la cooperativa, nos informaron de que iban a formar otra entidad para hacerse cargo del servicio. Nos pidieron tiempo y comprensión, pero desde 2010 el Ayuntamiento nos autorizó a cortar el servicio”, explica. “Por buena fe no lo hicimos, pero han pasado cuatro años, la deuda se está acumulando y no hay solución”.

El aviso de que iban a cortar el servicio de agua de esta urbanización llegó a principios de agosto. Rosat llegó a reunirse con la empresa suministradora para “pedir más tiempo” y que los vecinos encontraran una solución, pues asegura que todos están de acuerdo en pagar la deuda de 164.000 euros. “El Ayuntamiento pone trabas para solucionar el problema. Quieren una solución universal inmediata, que se forme una nueva entidad, no solo para pagar la deuda sino para hacerse cargo de la reparación de la tubería deteriorada y de otras infraestructuras”. Este martes finalmente llegó la notificación final.

Marras, sin embargo, asegura que el servicio de agua será restablecido en cuanto formen una nueva asociación que se haga cargo del pago de los próximos recibos. “El pago de la deuda se puede negociar, incluso los vecinos pueden fraccionarla", explica.

Respecto a la exigencia de reparar la tubería deteriorada, explica que se trata de un tema urbanístico entre los vecinos y el Ayuntamiento que no tiene nada que ver con la empresa suministradora. Tampoco es una condición para restablecer el servicio de agua, asegura. “Pero también es cierto de que se trata de una estructura que está precaria y que puede fallar en cualquier momento. Entonces, si se quedan sin agua, no será culpa nuestra”.

Aigües de Cullera reafirma en un comunicado que "no exige cobrar en el acto la cantidad completa de la deuda, sino encontrar la fórmula para que se salde de manera paulatina y razonable para los usuarios".

Concesiones para nuevas construcciones

Pese a que la urbanización Faro del Mediterráneo no haya sido “recepcionada”, el Ayuntamiento de Cullera siguió concediendo licencias para nuevas construcciones. En marzo de 2009, cuando se disolvió la cooperativa, vivían allí alrededor de 80 familias distribuidas en dos edificios y chalés.

Cuatro años después, viven allí alrededor de 200 familias. “Lo que interesa al Ayuntamiento es la obtención de dinero fresco”, finaliza Rosat.