El Tribunal Superior anula las tasas a operadores de móvil en 27 municipios

La batalla ha sido larga y cara, ha implicado miles de pleitos, incluso se recurrió a instancias europeas, pero al final ganan las operadoras de telefonía móvil. En las últimas semanas el Boletín Oficial de la Comunidad ha publicado decenas de sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en las que anula en todo o en parte, según el caso, las ordenanzas de al menos 27 municipios de la región que establecen una tasa a las operadoras por el uso de las antenas y redes instaladas en sus municipios, aunque sólo sean usuarios y no propietarios de las mismas.

En algunos casos, como el de Alcalá de Henares, ya no estaba cobrando la tasa, según afirma una portavoz, y en otros, como en Torrejón de Ardoz se ha llegado a sancionar por infracción tributaria grave a una operadora (France Telecom, que opera bajo la marca comercial de Orange) por no abonarla. En Algete le reclamaban 160.777 euros a Telefónica por esa tasa, a la que el TSJM le dio la razón hace unas semanas en su demanda.

Así que en cada localidad tendrán que reajustar sus cuentas en función de si se había presupuestado ese ingreso o no y en todo caso deberán renunciar a cobrar las deudas que estaban reclamando a las operadoras. Sólo Vodafone ha facilitado algún dato al respecto: tiene unos 2.500 pleitos en toda España por este asunto, que le han costado ya al menos 20 millones de euros, según explica Javier Gutiérrez, responsable de la asesoría fiscal. Sólo han pagado unos dos millones a los ayuntamientos porque en la mayoría de los casos han optado por presentar avales en los tribunales para evitar abonar la tasa mientras estaba recurrida, añade Gutiérrez.

Vodafone asegura que solo pagó dos millones y gastó más de 20 en juicios

Al coste de los pleitos para las operadoras hay que añadir los que han tenido para los ayuntamientos, pero también para la administración de justicia, que ha tenido que tramitar miles de asuntos que solo han podido imponer el pago de las costas en la primera instancia ya que en los recursos ante el Supremo (se calcula que unos 500) no han podido al habérsele dado la razón a los que los plantearon (las operadoras).

Esas tasas se aprobaron en cientos de municipios de toda España en la última década, a instancias de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) que en septiembre de 2006 aprobó poner a disposición de los Ayuntamientos dos modelos de ordenanza (con dos maneras de calcular el importe de facturación sobre el que aplicar la tasa del 1,5%) para gravar el uso del dominio público. Calculaban que se recaudarían unos 200 millones al año en todo el país.

Alcalá afirma que ya no la cobra mientras Algete reclama a Telefónica

Precisamente el método de cuantificación fue uno de los principales argumentos contra la tasa hasta 2010, ya que los tribunales consideraban que los municipios sí tenían derecho a imponer la tasa a las operadoras aunque no fuesen dueños de las antenas. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones admitió la legitimidad de la tasa en 2010, y cuestionó únicamente la forma de cuantificación.

Incluso el Tribunal Supremo avaló la tesis de que las operadoras de móvil incurren en un “aprovechamiento indiscriminado de la red fija de telefonía” , ya que se realizan llamadas de fijo a móvil y viceversa, de modo que sí utilizan el dominio público municipal.

Pero en 2010, con motivo de un recurso de Vodafone de un pleito con el Ayuntamiento de Santa Amalia (Badajoz) empezó a plantearse si, como alegaba la operadora, dicha tasa contravenía la directiva comunitaria 2002/20 relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas. Y decidió consultar a tal efecto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Este tribunal decidió en julio de 2012 que sólo se podía cobrar la tasa a los propietarios de las infraestructuras y no a los usuarios, en este caso las operadoras de móvil.

A partir de la sentencia del Tribunal de la UE, la jurisprudencia española cambió radicalmente. El Supremo emitió una sentencia en octubre pasado en el mismo ponente que hasta entonces había defendido el criterio contrario (el magistrado Juan Gonzalo Martínez Micó) reconocía que primaba el derecho comunitario y había que anular las ordenanzas que gravasen a los operadores aunque no fuesen dueños de las redes.

La FEMP considera que la anterior jurisprudencia partía de “un conocimiento real del problema” e iba dirigida a “defender los intereses locales” por lo que reaccionó con preocupación ante la situación creada por la sentencia europea. Incluso llegó a plantear, sin éxito, a los grupos parlamentarios modificaciones legales ya que entiende que dicha sentencia cuestiona la ley de Haciendas Locales