Cotino, en el punto de mira

La figura de Juan Cotino, presidente de las Cortes valenciano, ha unido a los partidos de la oposición en sus críticas. El presunto “trato de favor” en las adjudicaciones a empresas de familiares del que fue presidente de la Generalitat y exconsejero de Bienestar Social focalizan las acusaciones.

El PSPV anunció ayer que entregará a la Audiencia Nacional, que investiga la presunta financiación ilegal del PP dentro del caso Gürtel, cuatro expedientes que considera “irregulares” de adjudicaciones y decisiones favorables a Sedesa, cuando estaba presidida por Vicente Cotino, sobrino del presidente del parlamento. Se presentará en Madrid porque Sedesa aparece en un apunte contable del extesorero del PP Luis Bárcenas como donante de 200.000 euros.

Los expedientes denunciados son: la indemnización de 336.000 euros por la resolución del contrato con la consejería de Sanidad en 2008 para la construcción de un aparcamiento en el Hospital Peset de Valencia, en contra del criterio de la abogacía de la Generalitat; la adjudicación en 2006 de la edificación de 105 viviendas en Pilar de la Horadada cuando era la tercera en puntuación en el informe técnico; la concesión a la construcción del puente sobre el río Bergantes en 2008 por 2,4 millones, por haber “obtenido” la “mejor puntuación” cuando en el expediente se indica que fue la segunda en puntuación total; y la adjudicación en 1998 por 4,9 millones a una Unión Temporal de Empresas (UTE) en la que participaba Sedesa de la pavimentación de Castellón Norte porque, si bien consiguió la segunda puntuación, “el licitador mejor puntuado (...) ya ha sido propuesto como adjudicatario en dos expedientes dentro de la misma provincia”, según consta en el informe al que ha tenido acceso el diputado Francesc Signes.

Además, los socialistas incluyen una adjudicación directa a Sedesa de una obra de emergencia en 2001 en Burriana, Canet y Cullera. En total, los cinco expedientes suman 15,2 millones.

El Consell adjudicó 1.000 millones a varias UTE en las figuraba Sedesa

Esta cantidad forma parte de los 846 millones adjudicados en obras públicas de la Generalitat entre 1997 y 2010 a Sedesa (81 millones) y a las UTE en que estaba integrada (767 millones), según denunció ayer el portavoz parlamentario del PSPV, Antonio Torres, en compañía del secretario general socialista, Ximo Puig.

Torres añadió que “la familia de Cotino es la propietaria de una de las empresas que más residencias [de ancianos] tiene en la Comunidad Valenciana”, con 22 de las 55 del sistema de accesibilidad: Ha facturado “más de 200 millones de la Generalitat”. El síndic socialista subrayó que Cotino, siendo consejero de Bienestar Social, “llevó al pleno del Consell un acuerdo para garantizar a las empresas de accesibilidad un contrato de 15 años prorrogable a 25, por un importe superior a 436 millones concediendo la exclusividad”. Torres aportará a la fiscalía estas actuaciones por si fueran constitutivas de delito y exigió, junto a Puig, explicaciones políticas.

Compromís pide una comisión de investigación y EU explicaciones

El grupo parlamentario de Compromís registró ayer en las Cortes una iniciativa para impulsar la creación de una comisión de investigación sobre el presunto “trato favorable” por parte del gobierno del PP a las empresas vinculadas a la familia de Cotino Esta comisión “tendría por objeto investigar tanto las diferentes adjudicaciones, los 35 millones de créditos irregulares de Bancaja hacia empresas inmobiliarias del Grupo Sedesa que investiga Bankia, y el trato favorable a las residencias del grupo Savia, así como la posible vinculación de estos hechos con las denuncias de donaciones irregulares de la familia Cotino al PP”. “Es evidente que no estamos ante casos aislados”, apuntó el diputado Fran Ferri.

La diputada autonómica de EU Esther López pidió al presidente de las Cortes que asuma responsabilidades políticas y solicitó la comparecencia urgente de la consejera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, para que explique “a qué se debe tanta condición de privilegio al grupo de la familia Cotino en al pago de proveedores, y en la concesión de plazas concertadas en sus geriátricos”.

Fuentes de Presidencia de las Cortes señalaron que Cotino no iba a hacer declaraciones. Recordaron que el propio presidente del parlamento pidió a finales de julio comparecer en la comisión del Estatuto del Diputado para clarificar su vinculación con el PP a raíz de las informaciones sobre las donaciones al partido. También hicieron constar que Cotino no guarda ninguna relación con las empresas citadas.