La plataforma contra la privatización de Apemsa considera ilegal el concurso

El Ayuntamiento defiende su actuación y reta a la oposición a ir al juzgado

Miembros de la plataforma Apemsa No Se Vende, reunidos en El Puerto de Santa María.
Miembros de la plataforma Apemsa No Se Vende, reunidos en El Puerto de Santa María.EDUARDO RUIZ

El Puerto de Santa María (Cádiz) ha puesto en marcha el proceso para la incorporación de un socio privado a la empresa municipal de agua Apemsa, entidad que ya cuenta con la empresa Aqualia como concesionaria del alcantarillado y la depuración. La privatización abierta ahora supone un cambio radical porque entrega la gestión de la sociedad pública a cambio de un canon mínimo de 14 millones que el pueblo de El Puerto tendrá que devolver con sus recibos de agua. La plataforma contraria a esta operación, que aglutina a toda la oposición municipal, Ecologistas en Acción y una docena más de colectivos, cree que este proceso es ilegal, innecesario y dirigido desde un principio a limitar el principio de libre concurrencia. El Ayuntamiento defiende la legalidad de la iniciativa y reta a la plataforma a llevarla a los tribunales, algo que esta estudia.

Luis Hiniesta, uno de los responsables del colectivo Apemsa No Se Vende afirma que todos los pasos están marcados desde 2009, cuando se modifican “de soslayo” los estatutos de la empresa muncipal para dar paso a un socio privado. Fue antes de la campaña electoral, cuando el actual alcalde, Enrique Moresco (PP), negó que fuera a privatizar el agua. De hecho, el Ayuntamiento mantiene que la privatización no es completa al no superar la mayoría del capital social. Sin embargo, una vez cedida la gestión y firmado un compromiso económico durante 25 años, la palabra y los objetivos empresariales del socio privado serán determinantes.

Pero más allá de este debate, tanto Hiniesta como el histórico representante de Ecologistas en Acción, Juan Clavero, cuestionan la legalidad del proceso abierto y piden que se suspenda, ya que aseguran que las condiciones impuestas impiden la libre concurrencia.

El Ayuntamiento lo niega y afirma que ya se han “interesado por el pliego de condiciones tres empresas diferentes”. “En cualquier caso, si creen que hay vicios en este proceso, que lo lleven al juzgado”, afirman fuentes municipales.

La plataforma contra la privatización estudia la posibilidad de elevar a la Fiscalía Anticorrupción la documentación sobre todo el proceso que, según avanzan, está “viciado” desde su origen ya que, tras la modificación de los estatutos para abrir la puerta a la privatización, el Ayuntamiento prorrogó en 2011 durante nueve años la concesión de servicios de depuración y alcantarillado, sin concurso público, a una de las empresas candidatas a optar a la mayoría de Apemsa.

La empresa concesionaria, Aqualia-FCC, se hizo con el servicio durante nueve años cuando la oposición municipal sostiene que solo era posible ampliar el contrato en tres años o seis, según acuerdo del consejo de administración de Apemsa. Por esta ampliación, los miembros de la plataforma sospechan de una posible “trama” para limitar las posibilidades de oferta, ya que el servicio al que se opta tiene un tercio del negocio adjudicado durante nueve años.

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Apemsa incluyó también en la prórroga del contrato con esta misma empresa la construcción de “tanque de regulación de caudales o de tormentas” por 4,3 millones de euros. La redacción del proyecto fue obra de un ingeniero contratado por Aqualia y que forma parte desde 2012 del equipo contratado por Apemsa para asesorar a la comisión encargada de redactar la memoria para la venta del 49% de la empresa municipal y de la gestión del agua.

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“El pliego ha sido redactado íntegramente por los técnicos y, por la parte política, han intervenido en determinadas cuestiones los concejales responsables y el consejero delegado de la empresa [Daniel Pérez], y no consta o no se tiene conocimiento de que ninguno tenga participación en alguna empresa aspirante. Si ellos saben quién es esa persona, que den nombre y apellidos”, replica el Ayuntamiento.

Hiniesta y Clavero afirman que se trata de Manuel González Sereno, quien es en la actualidad director de las obras del tanque de tormentas que ejecuta Aqualia y que también figura como técnico asesor de la comisión municipal de estudio para la elaboración de la memoria sobre “gestión indirecta”, según el acta de 13 de abril de 2012.

El tanque es, además, a juicio de los representantes de la plataforma, innecesario y no urgente porque la estación depuradora de Las Galeras ya cuenta con un “pozo de llegada de agua bruta” que cumple la misma misión del tanque de tormentas contratado. Por lo tanto, su adjudicación en 2011 parece, en opinión de la plataforma, realizada para influir en el futuro concurso.

“Sí eran urgentes, ya que hay informes técnicos que así lo atestiguan. De hecho, existen ya desde el año 2004 informes que empiezan a hablar de la necesidad de esas obras”, afirma el Ayuntamiento.

La oposición sostiene que la privatización era el fin último de todo este proceso porque el Ayuntamiento recurrió a una empresa externa pese a disponer de medios propios para ejecutar y financiar la obra, ya que la Junta de Andalucía había garantizado en 2010 la cesión íntegra del canon autonómico de mejoras, que suma 5,7 millones.

“No había financiación, sino que se permitió detraer parte del canon autonómico, que pagan todos los portuenses y que no se ha invertido ni en El Puerto ni en toda Andalucía, para pagar en un futuro esas obras, y todo a posteriori, es decir, cuando ya estaban adjudicadas”, replica el Ayuntamiento.

El observatorio, pendiente del relevo

"El verdadero problema es el uso de los fondos del agua para fines que no están relacionados con el suministro", afirma el gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Agua, Luis Babiano. Se refiere a las concesiones de la gestión del agua a empresas que, a cambio, entregan unas cantidades millonarias con las que los Ayuntamientos tapan deudas y cubren otros conceptos que nada tienen que ver con el servicio.

Su opinión la comparte el catedrático de la Universidad de Sevilla y miembro de la Fundación Nueva Cultura del Agua Leandro del Moral, quien en un documento sobre propuestas en política de aguas, propone dotar al observatorio creado en Andalucía el pasado año, de “las funciones de un auténtico regulador de los sistemas de abastecimiento y saneamiento, eficaz, eficiente y transparente, con criterios e indicadores que permitan la evaluación de los operadores”.

Esta propuesta ha sido insistentemente reclamada por las empresas públicas, quienes defienden que pueden hacerlo igual o mejor que las empresas privadas que, en su opinión, se aprovechan de un “mercado cautivo” a “riesgo cero”.

La composición y las funciones del observatorio al que se refieren se definieron en el decreto 52/2012 de 29 de febrero. La Junta admite que permitirá "disponer de datos objetivos para poder comparar las tarifas de agua y la calidad en la prestación del servicio". Su puesta en marcha será una de las principales tareas del nuevo consejero, ya que el actual responsable de Medio Ambiente, Luis Planas, ha anunciado su renuncia antes de que la futura presidenta, Susana Díaz, forme el nuevo Gobierno.

El principal objetivo de este organismo, consensuado en el Acuerdo Andaluz por el Agua y reflejado en la ley andaluz, es precisamente incrementar la transparencia en el sector y normalizar los indicadores de calidad y gestión.

Pero la Administración andaluza no cuestiona abiertamente la privatización de la gestión del agua y entiende que es una competencia municipal. No obstante, admite que, cuando “se anticipan de golpe” los cánones concesionales (el dinero que pagan las empresas a los gobierno locales por hacerse con la gestión del agua), los Ayuntamiento limitan sus ingresos futuros y, por lo tanto, su capacidad inversora”. También considera la Junta que la repercusión de ese canon en las facturas debe figurar de forma explícita.

Babiano añade que las concesiones hipotecan el futuro durante periodos que llegan a veces a los 40 años. “Estos plazos no están justificados porque los contratos no incluyen inversiones grandes en la mayoría de los casos y de lo que se trata es de introducir mejoras de mantenimiento. Los plazos no deberían ser superiores a los mandatos de quien privatiza”.

Sobre la firma

Raúl Limón

Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense, máster en Periodismo Digital por la Universidad Autónoma de Madrid y con formación en EEUU, es redactor de la sección de Ciencia. Colabora en televisión, ha escrito dos libros (uno de ellos Premio Lorca) y fue distinguido con el galardón a la Difusión en la Era Digital.

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