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Fabra evita dar su opinión sobre las denuncias a Castellano y al grupo Cotino

El presidente de la Generalitat evitó la prensa tras visitar el Archivo del Reino de Valencia

Advertió que el consejero de Gobernación y Justicia "ya se había explicado"

Alberto Fabra en su visita al Archivo del Reino de Valencia. Ampliar foto
Alberto Fabra en su visita al Archivo del Reino de Valencia.

Alberto Fabra no estaba este martes para nadie. El presidente de la Generalitat, tras visitar el Archivo del Reino de Valencia, no quiso hablar con la prensa sobre la participación del consejero de Gobernación y Justicia y número dos del PP, Serafín Castellano, en una cacería con el director general de la empresa de aeronáutica Avialsa T-35, con quien firmó contratos millonarios para combatir los incendios forestales en Valencia. Tampoco se pronunció sobre la investigación de Bankia de créditos irregulares cedidos a la familia Cotino. No quiso hablar sobre nada.

Fabra entró con prisas al Archivo del Reino de Valencia. No tanto por llegar con algunos minutos de retraso como por esquivar a los medios de comunicación allí congregados que aguardaban para conocer sus opiniones sobre las denuncias contra Castellano y el grupo Cotino. De hecho, antes de finalizar su visita envió a un responsable de prensa para advertir que el presidente no haría declaraciones porque “Castellano ya se había explicado”. Recordó, además, que “solo los medios gráficos habían sido convocados”. Al pasar por la puerta, se alejó de los periodistas que allí se concentraban y, con la misma prisa con que había llegado, se marchó en su vehículo oficial.

Una semana que se presumía tranquila empezó con la publicación de una imagen en la que aparecían Castellano y el empresario Vicente Huerta, dueño de Avialsa T-35, tras una cacería de patos. El consejero firmó en 2010 un contrato de 22 millones de euros con la empresa, adjudicando el servicio para combatir los incendios forestales. Un año antes se había descubierto que Castellano, en su etapa al frente de la Consejería de Sanidad, había adjudicado contratos a José Miguel Pérez Taroncher, un amigo suyo con el que comparte la afición cinegética. Las supuestas irregularidades realizadas en la adjudicación de contratos con Construcciones Taroncher motivó la presentación de una querella el 19 de junio por parte de la Asociación contra la Corrupción en la Comunidad Valenciana.

Fabra, sin embargo, se limitó a aceptar las explicaciones dadas por Castellano, que a su vez se limitó a decir que pagaba sus aficiones y que el encuentro había sido una coincidencia.

Para completar la pesadilla del presidente de la Generalitat, el diario Expansión informó el lunes sobre la investigación llevada a cabo por Bankia de créditos irregulares cedidos a empresarios valencianos, entre los cuales destaca el Grupo Cotino. Una de las líneas de crédito fue cedida por Bancaja a la sociedad Share Capital, en la que participaban Asedes Infraestructuras y Sedesa Real Estate, ambas de la familia de Juan Cotino, presidente de las Cortes Valencianas. Share Capital recibió al menos 35 millones de euros para comprar activos inmobiliarios en Europa del Este.

El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, exigió que el presidente de la Generalitat “dé la cara” y explique “lo que piensa sobre las cacerías de su número dos y consejero de Justicia”. Insistió, además, en la necesidad de convocar de forma inmediata la Diputación Permanente de Las Cortes para que Castellano explique “todo aquello que tiene que ver con sus contratos con Taroncher y las últimas informaciones aparecidas sobre sus supuestas coincidencias en las cacerías”. Para Puig, “estamos padeciendo demasiado esta actitud del PP de manchar permanentemente la imagen de la Comunidad Valenciana”.

Por otra parte, la diputa de Esquerra Unida, Esther López Barceló, anunció que pedirá la comparecencia del consejero de Hacienda y del director del Instituto Valenciano de Finanzas para que expliquen los préstamos recibidos por las empresas de la familia Cotino. “Queremos saber qué intereses se pagaron y que directivos de Bancaja autorizaron y firmaron estas operaciones”.