La oposición presiona a Darpón para que amplíe la atención a inmigrantes

La atención sanitaria a inmigrantes volverá al Parlamento en otoño. Lo hará de la mano del PSE, que ha registrado una proposición no de ley que reclama que se pueda atender en los centros de salud a todos aquellos que residan en Euskadi, un servicio que hoy en día está vetado a los inmigrantes sin permiso de residencia que lleven menos de un año empadronados en la comunidad.

A la iniciativa socialista se suman los discursos contrarios al veto de los inmigrantes en la sanidad pública —medida impuesta por el Gobierno central en 2012— de EH Bildu y UPyD. El primer grupo de la oposición fue también el primero en censurar al equipo de Iñigo Urkullu por dejar fuera de la atención no urgente a inmigrantes sin permiso de residencia que no lleven un año empadronados. El propio discurso del PNV también es contrario a dejarlos fuera, ya que defiende una atención “pública, universal y de calidad”, un entrecomillado que el consejero de Salud, Jon Darpón, incluye con insistencia en buena parte de sus declaraciones públicas.

En la práctica, las cosas no son tan sencillas. Osakidetza ha pasado de la aplicación flexible de la normativa de atención a inmigrantes hasta diciembre de 2012 —momento hasta el que se ha atendido a los inmigrantes como años atrás— a poner en práctica a rajatabla el decreto que aprobó el anterior Gobierno para eludir los recortes del Ejecutivo central. El decreto permite atender a inmigrantes irregulares, pero solo si tienen dificultades económicas y si llevan más de un año empadronados, un requisito este último que antes no existía.

El Parlamento debatirá en otoño la iniciativa socialista

El cambio en la atención sanitaria a inmigrantes coincidió con la llegada del PNV a la Lehendakaritza y con una resolución del Tribunal Constitucional (TC). Este había suspendido la aplicación del decreto vasco por el recurso del Gobierno central, lo que llevó a Euskadi a, en teoría, tener que vetar a inmigrantes sin permiso de residencia en toda la atención sanitaria no urgente y, en la práctica, a ignorar el mandato de Madrid y seguir atendiéndolos. En diciembre el TC levantó el veto al decreto vasco y permitió que se aplicara. Osakidetza lo hace a rajatabla, algo que ha reconocido el consejero de Salud. Pero ha obviado, como publicó este diario, el planteamiento del anterior departamento, que propuso un mecanismo —no fue recogido en ninguna norma y hubo un adelanto electoral— para atender también a quienes no lleven un año en Euskadi.

El propio PSE realiza en la proposición no de ley un difícil equilibrio, ya que pide que se cumpla el decreto —que deja fuera a los inmigrantes con menos de un año de empadronamiento— y, al mismo tiempo, que “ninguna persona que resida en Euskadi quede sin asistencia sanitaria”. La proposición no de ley busca cubrir la laguna en la atención que ha surgido con el decreto socialista, ya que la orden del Gobierno del PNV que lo desarrolla, publicada en julio, no regula ese lapso temporal de hasta un año. La autora de la iniciativa, Blanca Roncal, argumenta en la justificación que la orden “es más restrictiva de lo que incluso el propio TC avaló”, ya que el alto tribunal dio el visto bueno a la cobertura universal.

A tenor de los posicionamientos de los partidos, el Parlamento podría hacer cambiar de postura a la consejería, ya que tanto EH Bildu, como PSE y UPyD rechazan que haya inmigrantes a los que se les cierren las puertas de la atención primaria en los centros de salud y a la especializada en las consultas hospitalarias. Aunque las resoluciones no son vinculantes para el Ejecutivo, la minoría del equipo de Iñigo Urkullu fuerza a tener presente a la oposición.

Entretanto, otros han superado a Euskadi. Es el caso de Navarra, cuyo Parlamento aprobó en marzo una ley, con el rechazo de UPN —que la cumple—, que permite, con solo empadronarse, acceder a todos los servicios del Servicio navarro de Salud, Osasunbidea. En estos momentos, el Gobierno navarro y el Ministerio de Sanidad mantienen conversaciones para tratar de que el segundo no recurra la ley ante el TC.