El fiscal acusa a Baltar de encubrir enchufes con documentos oficiales

El 8 de enero de 2010, tres semanas antes de que José Luis Baltar cargara sobre sus hombros pletóricos al vástago con el que acababa de consumar en un congreso provincial la sucesión dinástica en el PP de Ourense, el fundador de la saga había ordenado mediante un escrito 19 contrataciones de personal para la Diputación que presidía. Las consideraba “urgentes e inaplazables” en función de las “solicitudes formuladas por los ayuntamientos y mancomunidades a esta presidencia”. Las declaraciones de una parte de estos alcaldes ante el juez instructor evidenciaron que no habían realizado esas peticiones de personal. El fiscal que investiga ahora el caso (que solo pidió la imputación del delito de prevaricación) coincide en algunos argumentos de su escrito de acusación con la tesis que utilizó el PSOE para reclamar, sin éxito, la imputación del delito de falsedad documental.

El fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado, detalla en su escrito de acusación registrado ayer con vistas al juicio sobre la supuesta prevaricación (no conlleva pena de cárcel, sino la inhabilitación política) que la fórmula que utilizó Baltar para realizar esos 19 contratos no tenía “reflejo documental en el expediente de contratación”. Esto es, que no consta en ningún expediente la necesidad de crear esos empleos. El fiscal entiende que Baltar “encubría el acto de pura discrecionalidad de la contratación”. Un argumento similar al empleado por la acusación particular, el grupo provincial del PSOE, para reclamar la imputación del cacique por el supuesto delito de falsedad documental, castigado con cárcel.

El fiscal ha pedido para el ex todopoderoso barón del PP la pena máxima del delito de prevaricación continuada del que está acusado: 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Si finalmente la Audiencia lo condena, no implicaría para el septuagenario y ya retirado Baltar —autoinhabilitado, como él mismo presume— más que el bochorno de escucharla sentado en el banquillo, consumado ya el legado sucesorio a su primogénito de todos sus bienes políticos: la presidencia de la Diputación y del PP de Ourense.

La exposición del ministerio público sobre la ausencia documental de los mencionados expedientes de contratación —“el acusado nunca solicitó informe alguno, ni siquiera verbal”—, coincide con el argumento en el que se basó el PSOE en la Diputación de Ourense, para pedir —al juez instructor primero y después a la Audiencia provincial: ambas la denegaron— la imputación al ex barón del supuesto delito de falsedad en documento público. El PSOE hacía constar, sobre los contratos, que “no existen ni las solicitudes referidas, ni las necesidades invocadas ni los informes de necesidades preceptivos”, y concluía que “con conocimiento y voluntad de ello, el querellado empleó como medio la falsedad documental para seguir perpetrando el delito de prevaricación”, el enchufismo.

El ministerio público insiste en que los decretos de las contrataciones se realizaron “con absoluta y consciente omisión de los más elementales principios que rigen la contratación pública en los que la publicidad es la piedra angular”. Y sostiene que los empleados no eran sino enchufados: “tanto los puestos de trabajo como las personas destinadas a cubrirlos con la apariencia de contratación personal fueron decisiones del acusado que conocía la absoluta ausencia de procedimiento de contratación y que quería que fueran esas personas y no otras” las beneficiadas con los empleos.

El fiscal feje señala como cómplices por “omisión y silencio” de la “ilícita contratación” a los integrantes de la comisión de control y seguimiento de la selección de personal: los sindicatos mayoritarios (CC OO, UGT y CIG), el comité de empresa (los alcaldes y concejales del baltarismo afiliados a CC OO), la junta de personal (la mayoría, como los trabajadores, vinculados al PP, entre ellos varios concejales), los dos diputados provinciales (también del PP) y dos funcionarios.