Una empresa investigada por fiscalía gestionará los residuos sanitarios

La Consejería de Sanidad ha adjudicado a la empresa Reyval Ambient de L’Alcora, investigada por la fiscalía de Castellón por un presunto tratamiento irregular de residuos sanitarios y con varias resoluciones de sanción de la Consejería de Medio Ambiente por otras irregularidades, la gestión externa de los residuos de todos los hospitales, centros de salud, ambulatorios y demás sedes de la Agencia Valenciana de Salud. La adjudicación, con una licitación inicial de 5,3 millones, se ha realizado por un importe de 3,2 millones, Reyval presentó el presupuesto más bajo, pero con unos condicionantes técnicos inferiores a los de sus competidores. El contrato adjudicado se divide en siete lotes para la gestión de los residuos del grupo III y IV, que constituyen restos sanitarios de riesgo y que requieren medidas especiales de gestión por los riesgos laborales y públicos que conllevan (por ejemplo, material contaminado de hemodiálisis, jeringuillas, bisturíes, etc.) y otros restos químicos de laboratorios.

Actualmente, esta empresa está siendo investigada por la fiscalía de Castellón a raíz de una denuncia de la Plataforma No a la Contaminació por un supuesto tratamiento irregular de residuos sanitarios. La fiscalía abrió diligencias de investigación penal el pasado mes con un decreto en el que describía que los hechos denunciados podían revestir caracteres de delito contra el medio ambiente. Por ello reclamó un informe al Seprona y otro al Ayuntamiento de L’Alcora.

Esta misma plataforma pidió que se excluyera a Reyval del proceso de licitación por “el incumplimiento reiterado de la normativa vigente” (lo que acompañó con los seis expedientes abiertos por Medio Ambiente contra Reyval). Ayer, tras tener conocimiento de la adjudicación, presentó un escrito reclamando que se anule la adjudicación al estimar que el importe de 3,2 millones supone una “baja desproporcionada” y que la empresa estaría incurriendo en “presunta temeridad” al proponer un coste muy por debajo de la estimación inicial. El grupo sospecha que con esos precios no es viable un tratamiento acorde a la normativa.

La Consejería de Sanidad sostiene que la empresa, la misma que planea una polémica incineradora en la capital de L’Alcalatén, no puede ser excluida del concurso público porque “actualmente no existe ninguna sentencia condenatoria” contra ella. De hecho, un fallo del Contencioso Administrativo 1 de Castellón anuló dos sanciones de 100.000 euros impuestos a Reyval Ambient y puntualizó la “temeridad” de las administraciones por la “imposición de reiteradas” sanciones. Paralelamente, sin embargo, la Consejería de Medio Ambiente siguió imponiendo sanciones. La última, una resolución de multa de 122.000 euros por utilizar el vertedero de la planta sin la debida Autorización Ambiental Integrada. La resolución insta a la planta a clausurar y sellar el vertedero.

La consejería también aprobó otras resoluciones sancionadoras que motivaron una investigación judicial. En julio de 2011 la policía autonómica halló 1.960 depósitos de residuos contaminantes en una instalación no homologada. Medio Ambiente propuso una sanción de 200.000 euros y un juzgado de Castellón abrió una causa por un presunto delito contra el medio ambiente. Reyval recurrió la sanción. Las consecuencias de la investigación judicial no han trascendido.

Además, desde el departamento que dirige Isabel Bonig se ha dado buena cuenta de la falta de disposición del gerente. En una de las inspecciones, los técnicos describieron el “trato vejatorio” hacia el inspector, el cual vio cómo hacían pedazos el acta que estaba levantando e impedían de la recogida de muestras del vertedero. El gerente ha recurrido todas las sanciones abiertas. La Consejería de Sanidad alega que, hasta que un juzgado no las haga firmes, Reyal Ambient no puede ser excluida del proceso para la gestión de los residuos sanitarios valencianos. Sus competidores tienen ahora quince días para recurrir la adjudicación.