Una ría herida en el fondo

A finales del 2011, cuatro agujas de roca granítica estallaron en pedacitos en el fondo de la ría de Ferrol, a la altura de los castillos de La Palma y San Felipe. Fue un dragado irregular que se justificó con un informe falseado por la Dirección Xeral de Conservación da Natureza de la Xunta que se redactó cuando la obra ya se había hecho e ignorando uno anterior, fechado en julio del 2010, que se oponía a la voladura submarina por los riesgos ambientales que implicaba para un ecosistema tan rico como delicado en una zona protegida parcialmente como Red Natura y LIC Costa Ártabra.

 El dragado, el tercero en dos décadas en una ría muy contaminada, todavía sin depuradoras y con el flujo de corrientes alterado por el kilométrico espigón del puerto exterior de Caneliñas, se hizo con explosivos, se pagó con fondos públicos (252.188 euros) y se justificó como una intervención necesaria para “ampliar el margen de seguridad” de un canal de navegación por el que han circulado 150 gaseros para cargar o descargar en Reganosa, que opera desde mayo del 2007. Ya antes de dragar por última vez el canal de la ría, angosto y profundo, habían navegado sin problemas por esta corredoira acuática, angosta y profunda, portaviones, fragatas y otros grandes buques con base en el Arsenal ferrolano o que frecuentan el taller naval que Navantia tienen en los astilleros de la ría.

La Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, que promovió la voladura, argumentó que esas piedras afiladas de granito podían suponer un riesgo para el tráfico marítimo de la ría, puerto refugio y base naval. Ese peligro potencial, que se multiplica en los metaneros por la naturaleza explosiva de su carga —gas natural licuado— pesó mucho más para la dirección del puerto ferrolano que las protecciones ambientales. Cuatro años antes, en 2007, el puerto ya había removido el fondo de la ría para darle mayor calado al puerto exterior. Fue el segundo dragado desde 1990, cuando se retiraron 72.730 metros cúbicos.

El tercero se ejecutó entre octubre y diciembre del 2011. Retiraron del fondo de la ría 2.575,06 metros cúbicos de arena, rocas y otros sedimentos para disgusto de mariscadores y ecologistas, que lo vieron como la enésima agresión a una ría maltratada que ha dejado de ser el copioso vivero de bivalvos —fundamentalmente almeja babosa, berberecho y vieiras— que constituía el sustento de medio millar de familias de tres cofradías: Ferrol, Barallobre (Fene) y Mugardos.

Sin argumentos en contra, el Ministerio de Medio Ambiente autorizó la voladura el 13 de diciembre de 2010 a pesar de que faltaba un informe de la Xunta que la ley exigía pero que no llegó. Entre la marea de alegaciones que ambientalistas y cofradías plantearon a esta obra también estaban las del Comité Cidadán de Emerxencia (CEE), colectivo que se opone a la planta de gas. En nueve puntos, argumentaron que era otra actuación “hecha a la medida de Reganosa” y pagada con el dinero de todos.

Adega recurrió al Valedor do Pobo para seguir hurgando en el expediente y, por casualidad, se toparon con un membrete oficial que resultó ser la prueba más palmaria de que el informe, supuestamente, se habría falseado. El folio en el que se había redactado tenía un logotipo de Galicia que era posterior a la fecha del dragado, cuando todos los documentos llevaban el del Xacobeo 2010. Sostienen que “se cocinó” aposta para incluirlo en el expediente con la voladura ya hecha. El colectivo ambiental dice que la Xunta se afanó tanto en fabricarse un informe a la carta para “salvar la cara” como en ocultar “reiteradamente” otro fechado el 23 de julio del 2010 —un año antes del dragado—, que llegó a sus manos por azar y donde el biólogo advertía, claramente, de que la intervención era “ambientalmente incompatible” con la conservación de espacios y especies marinas en la ría ferrolana, tanto dentro como fuera de las zonas de especial protección.

Con todo esto, los ecologistas pusieron una denuncia sobre la mesa de Álvaro García Ortiz, el fiscal especializado en delitos contra el medio ambiente. Dos años después de que se ejecutase un dragado con explosivos posiblemente ilegal ahora que la tramitación administrativa que lo avaló ha quedado en entredicho, la Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia imputa a dos altos cargos de la Consellería de Medio Ambiente por supuesta prevaricación, falsedad documental y delito ambiental. El informe tenía el cuño de la Dirección Xeral de Conservación da Natureza, y los imputados, Carlos Muñoz Martínez y Rogelio Fernández Díaz, son dos altos cargos de este departamento que depende de la consellería de Agustín Hernández. El primero, Muñoz era el jefe territorial de Conservación da Natureza en A Coruña, y Martínez, subdirector general de Espacios Naturais y Biodiversidade.

Nueve días después de que este periódico publicase la imputación de Muñoz y Fernández, el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, relevó al director general de Conservación da Natureza, Ricardo García Borregón, que ocupaba el cargo desde el inicio la pasada legislatura. Fue un cese discreto que se anunció el jueves de pasada tras el primer Consello de agosto, y según Feijóo, a petición del propio director, ya salpicado por otras polémicas ambientales como el vaciado de la laguna de A Frouxeira (Valdoviño). Su puesto lo ocupa Verónica Tellado Barcia, ingeniera agrónoma que estaba al frente de la subdirección de residuos.