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La gestión pública de las resonancias ahorraría hasta 16,7 millones al año

La Sindicatura de Comptes audita el concierto privado y recomienda medidas a la Generalitat Valenciana

Una paciente se somete a una prueba de resonancia magnética en el hospital La Fe, en Valencia.
Una paciente se somete a una prueba de resonancia magnética en el hospital La Fe, en Valencia.

Las resonancias magnéticas son más baratas para el erario público si los aparatos son propiedad del mismo sistema valenciano de salud y las gestiona su personal. También si los informes corren a cargo de facultativos de la red pública de hospitales aunque los aparatos los suministre un proveedor privado. Hasta el contraste, el material químico que necesita esta técnica, sale más barato para la gestión pública. La Sindicatura de Comptes, en ejecución de una de sus auditorías operativas, ha revisado a fondo el concierto para la realización de técnicas de diagnóstico por imagen mediante resonancias magnéticas. Y sus conclusiones desmienten sin ambages que la prestación privada del servicio tenga ventaja alguna para la Generalitat.

El “ahorro potencial anual” oscilaría entre 3,3 y 16,7 millones de euros si la Sanidad pública valenciana prestara el servicio “con medios propios”, indica el documento que el organismo fiscalizador hizo público este jueves bajo el título Resonancias magnéticas: una oportunidad de ahorro. El coste medio por exploración fue de 257,1 euros en 2012 y se reduciría a 108,3 euros. El informe, el segundo de la Sindicatura sobre conciertos sanitarios, añade que, en el caso de que se optara por la realización de exploraciones con equipos del proveedor pero fueran los facultativos del sistema público los que informaran las pruebas, el ahorro anual se movería en una horquilla entre 406.000 euros y dos millones.

Además, la Sindicatura calcula que, visto lo que cuesta el contraste al hospital Peset de Valencia y al de San Juan, “si todo el contraste fuera adquirido directamente por los hospitales y no suministrado por la empresa concertada, el ahorro potencial anual se situaría en torno a los 900.000 euros”. Todavía podrían ahorrarse otros 465.000 euros anuales si la denominada “tasa de frecuentación” se calculara en función del número de exploraciones y no por paciente.

La concesión del servicio de resonancias magnéticas en el sistema público a empresas privadas es un asunto que levanta polémica desde hace años. La Generalitat Valenciana optó por concertar de manera general ese servicio desde los tiempos de Eduardo Zaplana en la presidencia. En 2008, con Francisco Camps como jefe del Consell, la Consejería de Sanidad lo adjudicó por 10 años a una UTE, Erescanner Salud, constituida por empresas que venían desempeñándolo por zonas y por otras que gestionan áreas sanitarias concertadas. Se trata de Eresa, Inscanner, Beanaca y Ribera Salud. El contrato es de 497,1 millones de euros hasta 2018. Como destaca la Sindicatura, ese contrato supuso “el 10,9% de los 469,5 millones de euros de las obligaciones reconocidas en 2012 de conciertos sanitarios de la Dirección General de Asistencia sanitaria”.

Se reduciría el coste si informaran las pruebas médicos de la red pública

Solo el Hospital Peset Aleixandre, en Valencia, que fue pionero en el uso de este tipo de equipos, y el de San Juan, en Alicante, que lo ha instalado recientemente, disponen de equipos de resonancia magnética de gestión pública. La modalidad de resonancias realizadas con equipos privados ubicados en hospitales públicos, pero con informes emitidos por facultativos del hospital, funciona en La Fe, en Valencia, y la Sindicatura recomienda que la Generalitat evalúe su “implantación progresiva”, no solo por el potencial ahorro, “sino también por prever la posibilidad de que, una vez finalice el contrato vigente, en octubre de 2018, se disponga de facultativos especialistas con la suficiente formación y experiencia para asumir, en su caso, el servicio con recursos propios”.

La Sindicatura, que ha recabado alegaciones tanto de la Consejería de Sanidad como de la UTE concesionaria, señala también en su informe que la larga duración del contrato "podría resultar un impedimento a la Administración para aprovechar ventajas que puedan derivarse de la evolución tecnológica" y señala que sería deseable, “tal y como en la mayoría de los contratos consultados de otras comunidades autónomas se ha constatado”, que el plazo fuera más reducido y, en todo caso, se contemplaran prórrogas.

El informe aborda también los controles que la consejería ejerce sobre la prestación concertada, detecta “numerosas incidencias relacionadas con una incorrecta valoración de las pruebas realizadas” y concluye que “no se dispone de información suficiente para evaluar si la empresa concertada ha cumplido los plazos establecidos en los pliegos para la realización de exploraciones”.