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Los franciscanos dejan el convento de Herbón en medio de una guerra vecinal

Tres días después de que expirase el plazo de la Xunta para declararlo BIC, a los frailes se les notificó el cierre de la comunidad que originó el pimiento de Padrón

Convento de Herbón.
Convento de Herbón.

Los últimos dos frailes que a diario limpiaban de maleza, cuidaban y ventilaban los 48.000 metros cuadrados de piedra y memoria del convento de Herbón, en Padrón, ya tienen preparada la maleta. Miguel Ángel Barreiro, que llevaba solo dos años en la casa, tendrá como nuevo destino la comunidad de Ponteareas. El prior, Roberto Freire, se irá después de seis años a la vera del Ulla a engrosar el pequeño grupo franciscano que hace poco tiempo se hizo cargo de la iglesia de O Cebreiro. Con la marcha de estos dos religiosos, se cierra una comunidad que permanece abierta, de forma casi continuada, desde hace seis siglos, y que cambió la economía local cuando introdujo el cultivo de un pimiento picante procedente de las misiones franciscanas en la zona fronteriza entre Estados Unidos y México.

La comunicación interna del provincial de los franciscanos, José Antonio Castiñeira, notificándoles la marcha e informando escuetamente que la casa “se gestionará pastoralmente desde Santiago” se produjo el viernes 26. Casualmente tres días después de expirar el plazo en el que Patrimonio tenía que decidir declarar, o no, el histórico cenobio Ben de Interese Cultural (BIC).

Hacía 15 días que los representantes del convento (solicitantes con diversos colectivos culturales de la catalogación del monumento fundado en 1396) habían pedido una entrevista en la Xunta para conocer la suerte del edificio. Hoy, sigue siendo un misterio para ellos la decisión que ha tomado Patrimonio, pero de ella dependía que la guerra declarada en la parroquia cesase o se recrudeciera.

Desde 2009, poco después de que un grupo inmobiliario compostelano tantease a la orden para convertir el edificio en un macrohotel de lujo, varias asociaciones piden para el conjunto de Herbón el título de BIC. Esta declaración era crucial, según argumentan, para lograr diversas subvenciones institucionales, incluido el 1% del Ministerio de Fomento, que se destinarían a la restauración urgente del inmueble, que amenaza ruina. El enfrentamiento entre los frailes y estas asociaciones por una parte, y el alcalde popular, Antonio Fernández Angueira, junto con un grupo vecinal por otra, estalló precisamente por esta causa. Ni el regidor local ni los socios de la vieja cooperativa Pimerbón, gobernada por el exconcejal del PP José Rivera Magariños, querían para el lugar lo que ellos llamaban la “afectación” que conllevaría una distinción patrimonial de tal calibre.

Una empresa de Santiago proyectó construir un hotel en el cenobio

Rápidamente, según los partidarios del BIC, una voz con intereses poco claros extendió rumores entre los parroquianos. Empezó a circular que la Xunta obligaría a derribar galpones e invernaderos ilegales; que nadie iba a poder poner un ladrillo sin que mediasen mil quebraderos administrativos; que los propietarios de las plantaciones de pimiento tendrían que tapar la vista de los plásticos con un cierre de tuyas. Y entonces se declaró la guerra. El prior advertía hace un año que algún día terminaría contando todo lo que pasó y señalando a los protagonistas, pero ahora permanece en silencio. Entonces le podía la rabia. Le acababan de envenenar a los dos perros, y la más alegre, una pastora de nombre Alma, no llegó viva a la clínica veterinaria, fulminada por una potente dosis de estrictina disfrazada en la comida. El labrador, Simba, se recuperó.

Además, en horario nocturno y con voces distorsionadas, los frailes, que entonces eran tres e incluso habían llegado a ser cinco, recibían llamadas anónimas con amenazas. Una de estas les anunció la muerte de los canes. Otras, que iban a lograr echarlos de allí, y que harían llegar a los superiores de la orden informaciones sobre su vida personal con el propósito de desacreditarlos.

Ayer, entre los superiores, este diario solo pudo hablar con el segundo en rango, Francisco Castro, vicario provincial. Según él, la orden atraviesa una fase de “terreno baldío” en la que “se reorganizarán las presencias” en las casas de la provincia (que abarca Galicia, Asturias, León, Zamora, Salamanca y también Venezuela). “Ya hubo años en los que Herbón estaba vacío y había en Santiago un fraile encargado”, defiende. Y aunque se declara desconocedor del futuro que le depara al convento, la “voluntad”, según él, es que vuelva en algún momento a estar habitado. Descarta, además, que el cierre aboque a la marcha a los colectivos a los que la orden, con el este prior, cedió espacios con la idea de devolver la vida al convento: “Hay convenios firmados”, asegura. Son la Asociación de Amigos do Camiño, el proyecto para menores en riesgo Viravolta, Amipa (asociación de familias de niños con discapacidad del Sar), el Instituto de Estudios Irienses, Sementar (“asociación cultural y medioambiental”), y Seminario Galego de Educación para a Paz.

Ellos creen que tendrán que marchar. “Los que alimentaron esta guerra sucia han ganado otra batalla, pero no son conscientes de lo que perderán si se muere el convento”, dice un miembro de uno de los colectivos. “El alcalde presionó de forma tremenda al provincial de la orden para echar al prior, se lo exigió expresamente en una reunión”, asegura Manuel Dios, presidente de Educación para a Paz. “Y la orden se ha plegado a sus intereses”.