Barberá pide al TSJ valenciano las diligencias del ‘caso Nóos’ que le afectan

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha pedido información al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) sobre las diligencias que pueda realizar en la parte del caso Nóos sobre cuya competencia debe pronunciarse después de que el pasado mayo el juez instructor José Castro elevase una exposición razonada con los indicios delictivos que pesan sobre la regidora y el expresidente de la Generalitat Francisco Camps, en relación a las negociaciones previas a la firma del convenio del Valencia Summit y de los Juegos Europeos.

En el escrito que ha remitido a la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa de Barberá pide que, habiendo tenido conocimiento de que en la exposición razonada se apunta a su supuesta responsabilidad penal en el marco de esta causa, se le remitan las diligencias practicadas al respecto así como las que más adelante vayan a efectuarse.

El TSJ valenciano, que ha recibido este escrito después de que Barberá hiciera la consulta al juzgado de Palma de Mallorca, ha comunicado a Barberá que no puede darla por personada, como ella pretendía, puesto que todavía no hay caso, ya que será a partir de septiembre cuando se pronuncie sobre la cuestión de competencia planteada para instruir los delitos atribuidos a ella y a Camps: malversación continuada, prevaricación, fraude a la Administración y falsedad en documento oficial. Sin embargo, como persona afectada por la investigación y en la parte del caso que pudiera asumir, sí le dará cuenta de las diligencias. Es decir, Barberá estaría personada a efectos de comunicarle las resoluciones, pero no para hacer alegaciones mientras no resulte imputada.

En la exposición razonada, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma subrayaba cómo la contratación del Instituto Nóos de cara a impulsar el Valencia Summit, por cuyas tres ediciones la entidad percibió unos tres millones de euros públicos, respondía “solo al deseo” de Barberá y Camps de “doblegarse a las exigencias de Don Iñaki Urdangarin en atención a su parentesco con la Casa de S. M. El Rey”. A partir de ahí, las contrataciones de Nóos fueron actos “estrictamente voluntaristas en la medida en que no obedecían a procurar el interés general”, sin que se iniciara “absolutamente ningún procedimiento administrativo de contratación”.