La defensa del viceconsejero imputado acusa a Alaya de “corruptela procesal”
El letrado afirma que la juez elude acusar a personas aforadas PP pide la expulsión de la Junta del procedimiento judicial y la comparecencia de Griñán
La defensa del viceconsejero de la Presidencia, Antonio Lozano, imputado en el caso de los ERE, ha acusado a la juez Mercedes Alaya de “corruptela procesal” por su manera de instruir la causa. El abogado José María Mohedano se suma a la Junta para censurar la investigación de la magistrada en su recurso presentado ante la Audiencia de Sevilla contra el auto que imputó a 20 altos y ex altos cargos del Gobierno andaluz, entre ellos la exministra Magdalena Álvarez.
El letrado acusa a Alaya de practicar una “corruptela procesal” por permitir que la Guardia Civil tomara declaración como testigo a su también defendido Buenaventura Aguilera. Mohedano estima que la juez debía haber delegado previamente en los investigadores para interrogar en 2012 al exdirector de Presupuestos y sucesor de Lozano.
El recurso censura asimismo a Alaya por no especificar en su auto los cargos a cada uno de los 20 imputados: “No es posible imaginar una mayor y más radical muestra de indefensión que la presente, que recuerda las llamadas a juicio en tiempos anteriores al Estado de derecho”.
Mohedano argumenta que el procedimiento utilizado por la Junta para pagar los ERE era legal y que la juez se extralimita en sus funciones, al cuestionar al poder legislativo. El recurso recuerda que las transferencias de financiación están incluidas en las leyes de presupuestos y que incluso el exinterventor Manuel Gómez defendió su legalidad. Mientras, el letrado acusa a Alaya de realizar una “imputación selectiva” de altos cargos con responsabilidad sobre la financiación de los ERE. “La instrucción ha intentado eludir la imputación de cualquier aforado”, critica.
Por otra parte, el consejero de Justicia, Emilio Llera, opinó que es “absolutamente imposible” imputar en el caso al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, ya que no hay datos que permitan su incriminación. El PP ha solicitado formalmente la expulsión de la Junta como acusación en el caso y registrará una petición para que Griñán comparezca en el Parlamento antes de la sesión de investidura de septiembre.
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